Entre octubre y noviembre el Gobierno tendrá que definir el monto del presupuesto de trabajo de la nación. Se trata de una pieza económica impresionante, pero estratégica, que servirá para cumplir los compromisos de un Gobierno que, a partir de enero de 2020, solo tendrá siete meses y algunos días al frente del Estado.
De manera que, debido a la importancia que revestirá la pieza, y que tendrán que compartir dos gobiernos, -independientemente de la definición electoral que surja de las urnas- será conveniente pensar en hacer inversiones que incidan en menguar el impacto de los problemas básicos nacionales y que parte de ellos, necesariamente, serán traspasados a un nuevo gobierno.
No hay que tener una bola mágica para saber que será un presupuesto que aumentará la deuda pública. Muchas comunidades seguirán clamando por acueductos y asfaltado de calles.
Tampoco nos podremos deshacer de los largos y enojosos cortes de energía eléctrica, y los problemas de salud podrán menguar, pero pondrán en riesgo a cientos de niños provenientes de hogares vulnerables.
En fin, se trata de un cuadro sombrío para el cual habrá soluciones satisfactorias, si el nuevo presupuesto llega acompañado de una voluntad férrea para tomar grandes decisiones.
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