A lo largo de estos 20 años que han transcurrido después de la promulgación de la Ley 166-03 que corrientemente en los “corrillos municipales” se le conoce como la ley del 10 %, esto debido a que la norma ordena que se les transfiera a los ayuntamientos del país el 10 % de los ingresos del presupuesto general del Estado.

Todos los gobiernos han incumplido con dicha ley. Si bien es cierto, que lo han hecho con subterfugios legales, la verdad es que no la cumplen.

Los distintos gobiernos que han pasado por la dirección del Estado se escudan en que los recursos económicos que se necesitan para implementar las políticas de desarrollo desde el eje central son insuficientes, y que el interés supremo del Estado está por encima de cualquier ley que “obligue a lo imposible”.

Más allá de este enunciado demagógico y que por demás está desgastado se impone la verdadera razón de todo ello: controlar los territorios, sus obras, sus autoridades y sus habitantes y con ello, imponer una agenda político-personal de los presidentes de turno y sus élites partidistas.

Cuando la ley de marras se promulgó, por allá por el año 2003, se pretendió iniciar con un porcentaje equivalente al 8 % para el 2004 y al cabo de una gradualidad lógica, irlo incrementando hasta llegar al 10 % en dos años. Es decir, para el 2005 la ley debió estar plenamente en cumplimiento; así lo indica su artículo 3.

En vez de modificar la ley por las razones que se exponían cada vez que se reclamaba su cumplimiento, se jugó al tiempo llenando los discursos y promesas de todo el que aspiró a dirigir los destinos de la nación de que se iba a cumplir tan anhelado deseo una vez alcanzado el control de las finanzas nacionales; recuerdo que hasta documentos de compromisos se firmaron, hoy son letra muerta.

En los últimos dos años, hemos leído y harto escuchado que el actual gobierno ha sido el que más ha suministrado recursos a los ayuntamientos, sin embargo, los datos indican lo contrario; veamos las siguientes informaciones: cuando inició la ley en el 2003 los ayuntamientos, para ese año, la norma ordenaba entregar un 6 % y se cumplió el 5.4 %, cifra que fue la más alta que se llevó a cabo en el gobierno del presidente Hipólito Mejía, pues para el 2004, fecha en que debió transferir el equivalente al 8 % apenas entregó un 5.1 %.

Ya entrada la plenitud de la ley para el año 2006 la cifra que debió ser del 10 % lo transferido fue 6.9 %, monto que corresponde al porcentaje más alto que se registra en el cumplimiento de la ley 166-03. A partir de ahí inició la debacle, frustrando todas las ambiciones que se tenían respecto al tan añorado 10 %.

Para los años 2009 y 2010 los porcentajes fueron de 6.6 % y 6.1 % respectivamente, reavivando las esperanzas, sin embargo, a partir del 2011 el porcentaje ha ido en caída libre; pasando por un 4.19 % hasta llegar hoy a 2.13 % cifra que corresponde a la más baja en los 20 años de historia de la Ley 166-03.

Para ser razonables hay que resaltar, que el gobierno actual ha procurado que a los ayuntamientos les lleguen recursos frescos por diversas vías para diferentes propósitos, lo cual lejos de aliviar a las arcas municipales, les crea ansiedades debido a la inseguridad de que les sigan llegando en el futuro, por lo cual, es de nuestra recomendación, así sean dos pesos, se los hagan llegar a través de la ley en cuestión haciendo con ello un ejercicio de administración más eficaz, más sana y a todas luces más legal. No hay desarrollo nacional si no hay desarrollo local. ¡A cumplir con la Ley 166-03! Un reclamo justo.

*Por Victor Feliz Solano