El Consejo Permanente de la Conferencia del Episcopado Dominicano emitió ayer un muy sensato comunicado para referirse a la crisis generada por los aprestos del lado haitiano de canalización del río Masacre y que el Estado dominicano entiende se ha hecho de manera unilateral e inconsulta violando así los acuerdos vigentes entre las dos naciones y el derecho internacional.

El citado Consejo Permanente está atento a la cotidianidad o asuntos que surgen entre las asambleas de la Conferencia y que requieren una reacción inmediata.

Lo conforman el presidente de la Conferencia, el vicepresidente, el secretario general y un representante de las dos provincias eclesiales existentes (la de Santiago, que abarca las diócesis del Cibao, y la de Santo Domingo, que incluye las diócesis del Sur y el Este del país).

El mensaje fue divulgado antes de que el presidente Luis Abinader pronunciara su discurso ante la Asamblea General de las Nacionales Unidas, por lo que vamos a resaltar elementos coincidentes.

Los obispos plantean mantener abierta las vías del diálogo entre ambos países, algo que también manifestó Abinader en la ONU.

Los prelados también pedían que ese impase no fuera generador de un conflicto internacional, mientras que Abinader aclaraba que no se trata de una disputa entre gobiernos sino por la acción de bandas incontrolables por las autoridades haitianas.

El Comunicado deja entrever una preocupación ante la posibilidad de que este diferendo encienda el nacionalismo extremo y puedan ser afectados inmigrantes haitianos en el país. Abinader ha dejado claro en la ONU que el pueblo haitiano no tiene responsabilidad, sino que es víctima, del control que tienen sobre su territorio las bandas criminales.

El comunicado de los obispos dominicanos y el discurso del presidente Abinader son cónsonos.
El problema es que del otro lado no hay interlocutores válidos y se exacerba un nacionalismo antidominicano para justificar acciones cuestionables en el marco del derecho internacional.