Santo Domingo.- «El Defensor del Pueblo depende de los ciudadanos y se debe a ellos; no es un filántropo ni un “chapulín colorado”, sino un actor que garantiza a la ciudadanía sus derechos consagrados en la Constitución, y que fomenta en la clase política y en las autoridades la cultura de Estado e institucionalidad a través del debido proceso de las leyes”.
Así lo afirmó Ramón Martínez Portorreal, aspirante a Defensor del Pueblo, quien precisó que en la República Dominicana, el Defensor del Pueblo tiene autoridad independiente, según el artículo 190 de la Constitución.
Explicó que cuando se dice independiente quiere decir que no debe esperar un mandato de nadie para actuar. «Es una figura para hacer preguntas desde el presidente hasta cualquier organismo que reciba fondos del Estado».
Aclaró que la Defensoría del Pueblo no tiene la función de un tribunal, no es un perseguidor; es un auditor del Estado.
«¿Quién tiene los fondos que fueron liberados para la pensión de los cañeros?, ¿dónde está el informe de la ejecutoria de los fondos del 4% a la Educación?, ¿por qué hay expedientes de años acumulados en la Cámara de Cuentas que no han sido investigados?, ¿qué hacen los partidos políticos con los fondos que reciben del Estado?, ¿cuál es la política de Estado para que los jóvenes de 18 años que necesitan un empleo tengan oportunidades en el mercado laboral?.. éstas son preguntas que debe hacer el Defensor del Pueblo, y por ello la importancia de esta figura que ha contribuido al fortalecimiento del Estado y a la institucionalidad gubernamental en países como México, Costa Rica, Honduras, Colombia y Chile», enfatiza Martínez Portorreal.
Señaló que la Ley 19-01, que crea el Defensor del Pueblo, fue un logro, pero la clase política no estaba a la altura del acontecimiento y por ello tardó tantos años en concretarse el primer nombramiento en 2013, aunque sin mucho respaldo.
“Estamos en un país distinto, producto de las marchas, protestas y cacerolazos de la gente que pide que se gobierne de manera distinta; con eficiencia y transparencia. Es el momento ideal”, puntualizó Martínez Portorreal, para poner en marcha las normativas que requiere la oficina de la Defensoría del Pueblo para ejercer sus funciones.
Ramón Martínez Portorreal, es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, y maestrante de Ciencias Jurídicas y Políticas por la UASD y la Universidad del País Vasco, con postgrados y maestrías en temas de Derechos Humanos, Defensa y Seguridad Nacional. Es Profesor de la escuela de derecho de la UASD y de la Escuela Diplomática y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores en el área del Derecho Internacional Privado. Ha sido instructor invitado del Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica (WHINSEC), en Fort Benning, Georgia, EE. UU. donde fue como Profesor Invitado del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
En la actualidad se desempeña como ministro consejero del Mirex, trabajó como encargado de asuntos del Caribe de WOLA (Washington Office On Latín América) en Washington D.C. Ha sido Juez de Paz, Director de Asuntos Legales de la Cámara de Cuenta de la República Dominicana. Director General de Prisiones, y fundador y ex presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos en República Dominicana, y del Instituto de Investigación, Documentación y Derechos Humanos del país.
