La Liga de Béisbol Dominicana (Lidom) y los equipos que la conforman al parecer se han llegado a creer que constituyen un Estado independiente, con vocación dictatorial, y que en nombre de ser “entes privados” pueden violentar derechos fundamentales.

La Lidom y sus equipos se han dedicado a perseguir a cronistas deportivos que formulan críticas al desempeño o comportamiento de figuras vinculadas a esas entidades.

La Lidom, como negocio, es privada, pero el evento como espectáculo es de derecho público. En cualesquiera de los dos casos se impone el respeto a los derechos fundamentales, entre los que sobresale la libertad de expresión.
En adición a ese precepto de Derecho, los estadios son un bien público, sin excepción.

Sancionar a una persona que comente sobre un espectáculo público no le es facultativo a ninguna entidad privada.
Los equipos y la Liga, como empresas, pueden emplear o despedir a quien les parezca, conforme al Código de Trabajo.

Pero no tienen derecho a cancelar acreditaciones de cronistas deportivos por comentarios o críticas.
El colmo fue impedir la entrada al estadio Tetelo Vargas a un cronista acreditado que, casualmente, hace poco había formulado críticas al equipo o directivos de uno de los conjuntos.

La Lidom no está por encima de la Constitución, aunque se lo haya llegado a creer.