La educación es, qué duda cabría hoy, el auténtico pulmón para el fortalecimiento de la democracia; para el desarrollo sostenible en lo económico, social y medioambiental, y para el crecimiento humano reflejado en un mejoramiento creciente de la calidad de vida y dignidad en derechos de todos los dominicanos, especialmente, aquellos pertenecientes a los sectores socioeconómicamente más vulnerables.

La asignación del 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación preuniversitaria ha sido una de las mayores conquistas de la nación en el siglo XXI.

El hecho histórico de haber correspondido a esa demanda de la sociedad, dejando de lado más de tres lustros de violación flagrante a la Ley General de Educación 66-97 por parte del mismo Estado y los gobiernos de turno, tiene, y me honro en reconocerlo junto a todo el país y la región latinoamericana, un gran protagonista y compromisario que responde al nombre de Danilo Medina Sánchez, presidente de la República.

Sin su determinación para respetar la ley y sin su inquebrantable voluntad política, irradiada a sus ministros colaboradores en este sector, en favor de la dignificación y mejoramiento sostenible de la calidad de la educación en nuestro país no hubiera sido posible superar el trauma y la deuda social acumulada en esta materia, como tampoco hubiésemos podido exhibir los moderados progresos que en materia educativa, incluyendo infraestructuras, hemos venido alcanzando en su ejercicio de Gobierno, como lo evidenció el estudio técnico de EDUCA titulado “Informe de Progreso Educativo: ¡Decididos a mejorar!” (2015), dado a conocer este año.

La misión de EDUCA, en tanto que actor del tercer sector o sociedad civil en representación del empresariado, es la de acompañar al Estado en esta trascendental tarea, así como procuar una mayor articulación de iniciativas público-privadas para que la transformación en educación que ha diseñado en sus políticas el presente Gobierno se traduzcan en beneficios tangibles para el sistema educativo y sus protagonistas, los docentes y los estudiantes, y para que nuestro país abandone definitivamente los últimos niveles en la escala de las pruebas regionales de desempeño educativo.

Esa labor implica, como es de suponer, una función de vigilancia. No por casualidad, en el marco del Pacto Nacional para la Reforma Educativa, la sociedad civil ha pedido que EDUCA presida el Comité de Veeduría Social de ese órgano.

Esta misión es la que se extiende y torna eficiente para que EDUCA haya asumido la responsabilidad de llevar a cabo un nuevo estudio técnico titulado “Calidad del gasto educativo en República Dominicana.

Un análisis exploratorio desde la vigencia del 4 %” (2016). Su principal objetivo, antes que cuestionar una gestión, se orientó a despejar la duda, bastante generalizada en la opinión pública, acerca de si el Minerd tendría capacidad de gestión y administración de un presupuesto que de 2012 a 2013 creció en 70 %, pasando de RD$58,590 millones a RD$99,628 millones, colocándose en 2016 en RD$129,000 millones.

EDUCA, en cambio, sí creyó en la capacidad del Minerd para la ejecución de ese volumen de recursos, porque estaban claras las prioridades de inversión en las directrices de Gobierno.

El Minerd, dirigido por Carlos Amarante Baret, demostró en 2013 una ejecución presupuestal de 96 %, en 2014 de 97 % y en 2015 de 97.07 %.

EDUCA advirtió, empero, que lo importante era, antes que la ejecución en sí, cómo se invertirían los recursos del 4 % del PIB, y en qué medida se aportaría a la transformación de la calidad de los aprendizajes y del sistema educativo con cada peso invertido.

El estudio de EDUCA se basó en la transparencia, colaboración, profesionalidad y apertura del Minerd.