Todos los abogados constitucionalistas consultados por EL DÍA, incluso los que han criticado con firmeza la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que define los criterios para conceder la nacionalidad dominicana, coinciden en que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) se excedió en su más reciente sentencia contra la República Dominicana, en la que le “ordena” modificar su Constitución.

Ese organismo no solo se excedió, sino que violentó la propia carta constitutiva de la Organización de Estados Americanos, que en su artículo tres establece claramente que “todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga”.

Los acuerdos internacionales conllevan compromisos para las partes y establece normas para todos los envueltos.

En este caso, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha violentado de manera descarada los acuerdos que le dan vida y por lo tanto toca a la propia Asamblea General de la OEA llevar a ese organismo a su legalidad.

Ninguno de los Estados miembros de la OEA permitirá que alguna de las dependencias de ese organismo pueda modificarle u ordenarle modificar su Constitución.

El prejuicio evidente con el que actúan jueces de ese organismo frente a la República Dominicana les hizo perder la perspectiva y poner en peligro la eficacia misma de tan importante instrumento.

Hay que salvar a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de sus propios miembros.