El viernes pasado, acogiendo una invitación de la Gerencia de Comunicación de la estatal Edesur Dominicana, estuve en las instalaciones en las que, en pocos meses, entrará en funcionamiento la Central Termoeléctrica Punta Catalina, con un aporte de alrededor de 674 kilovatios netos al sistema energético nacional.

Profesionales y técnicos respondieron a los periodistas y hacedores de opinión todas las preguntas que les formularon acerca de esta iniciativa de gran valor estratégico para el desarrollo nacional, asumida por la administración del presidente Danilo Medina.

Este proyecto figura dentro de los cinco de mayor relevancia en la lista de prioridades de la República Dominicana en su propósito de viabilizar la Estrategia Nacional de Desarrollo con miras al año 2030, y que cita como una de las trabas a las deficiencias que históricamente ha caracterizado el sistema energético.

Justamente, ese mismo día de la visita a Punta Catalina, el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, informaba que para lograr la mejora del servicio eléctrico es necesario superar cinco desafíos: las altas pérdidas de energía, el incompleto abastecimiento, el déficit financiero, la demanda creciente y la alta dependencia de derivados del petróleo. Y en ese contexto, los aportes de la referida termoeléctrica resultarán incalculables.

El proyecto, como es de conocimiento público, ha sido el centro de fuertes críticas de parte de sectores; algunas de ellas matizadas por intereses particulares y otras, quizás, debido a desconocimiento. Mientras que desde el ámbito gubernamental se ha afirmado reiteradamente que el mismo se ha llevado a cabo de manera transparente, siguiendo estándares internacionales.

En esa dirección y en momentos en que se aproxima la puesta en operación la termoeléctrica, una primera unidad en diciembre y la otra en marzo de 2019; la coyuntura es la ideal para que se abra toda documentación que despeje cualquier duda que pudiera existir, además de que la sociedad dominicana haga consciencia de su valor.

Naturalmente, hay tomar en cuenta que en cualquier escenario de socialización, en los diferentes estratos de la sociedad, pero especialmente en los medios de comunicación; resulta común la aparición de “expertos” que opinan de todo asumiendo una autoridad impresionante.

La simple doxa se traduce en contraproducente porque en un mundo globalizado e interdependiente, como el actual, se requiere de sociedades que sean capaces de aprender y generar conocimiento, visto éste como un componente económico indispensable para avanzar hacia el desarrollo humano sostenible.

Datos oficiales dan cuenta que la inversión en Punta Catalina asciende a US$2,117 millones. De esa cantidad se han invertido US$291 millones provenientes del financiamiento europeo, US$595 millones de los bonos soberanos y US$1,231 millones de recursos propios del Estado.

También la creación de parte del Gobierno de un fondo de contingencia de US$336 millones para garantizar la terminación de la obra y condicionar su devolución o entrega definitiva en la sentencia que dicte el tribunal de arbitraje internacional donde el Estado defenderá la posición de no pagar más de US$1,945 millones como valor contractual de la obra.

La CDEEE contrató a la firma de abogados Foley Hoag LLP para defender los intereses del Estado y enfrentar el reclamo de US$708 millones adicionales que hace el Consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella.

De todas maneras, lo recomendable es que las autoridades oficiales vinculadas al sistema energético, ofrezcan todas las informaciones que les requieran acerca de este vital proyecto, aunque el que no quiera escuchar, que se abstenga.