CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

COUR INTERAMERICAINE DES DROITS DE L’HOMME

CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS

INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS

COMUNICADO DE PRENSA

REPÚBLICA DOMINICANA ES RESPONSABLE INTERNACIONALMENTE POR LA

EXPULSIÓN DE PERSONAS HAITIANAS Y DOMINICANAS

CASO DE PERSONAS DOMINICANAS Y HAITIANAS EXPULSADAS VS. REPUBLICA

DOMINICANA

San José, Costa Rica, 22 de octubre de 2014.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos

notificó el día de hoy la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas

en el caso de Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas, sometido a la jurisdicción de la

Corte el 12 de julio de 2012 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El texto

íntegro de la Sentencia y el resumen oficial de la misma pueden consultarse en el siguiente

enlace: http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/casos-contenciosos.

El caso se refiere a las privaciones ilegales y arbitrarias de libertad y posteriores expulsiones

sumarias de personas dominicanas y haitianas de República Dominicana hacia Haití, incluidas

niñas y niños1

, ocurridas entre los años 1999 y 2000, sin las debidas garantías y sin acceso a

un recurso efectivo para garantizar sus derechos. En esta situación, los documentos de

identidad oficiales de algunas de las víctimas fueron destruidos o desconocidos por las

autoridades estatales al momento de la expulsión, o bien, en otros casos las víctimas nacidas

en República Dominicana no se encontraban registradas ni contaban con documentación que

acreditara su nacionalidad. La Corte determinó que para la época de los hechos en República

Dominicana las personas haitianas y de ascendencia haitiana comúnmente se encontraban

indocumentadas y en situación de pobreza. Además, sufrían con frecuencia tratos peyorativos o

discriminatorios, inclusive por parte de autoridades, lo que agravaba su situación de

vulnerabilidad. Por otra parte, la Corte determinó la existencia, al menos durante un período

cercano a una década a partir de 1990, de un patrón sistemático de expulsiones, inclusive

mediante actos colectivos, de haitianos y personas de ascendencia haitiana, que obedece a una

concepción discriminatoria. La Corte concluyó que República Dominicana era responsable

internacionalmente por la violación de los derechos que se detallan a continuación.

La Corte determinó la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos al

reconocimiento de la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad y, por el conjunto de

dichas violaciones, al derecho a la identidad, en consideración de que las expulsiones de

Willian, Awilda, Luis Ney y Carolina Isabel, todos de apellido Medina, así como de Rafaelito

1 A saber: Familia Medina integrada por: Willian Medina y Lilia Jean Pierre, y sus hijos Awilda Medina Pérez, Luis Ney

Medina y Carolina Isabel Medina (fallecida); familia Fils-Aimé integrada por: Jeanty Fils-Aimé (fallecido) y Janise Midi, y

sus hijos Antonio Fils-Aimé, Diane Fils-Aimé y Endry Fils-Aimé; familia Gelin integrada por: Bersson Gelin y su hijo

William Gelin; familia Sensión integrada por: Antonio Sensión y Ana Virginia Nolasco, y sus hijas Ana Lidia Sensión

Nolasco y Reyita Antonia Sensión Nolasco; familia Jean integrada por: Víctor Jean y Marlene Mesidor, y sus hijos

Markenson Jean Mesidor, Miguel Jean, Victoria Jean (fallecida) y Natalie Jean; y Rafaelito Pérez Charles. Los nombres

que se encuentran subrayados corresponden a las víctimas que al momento de los hechos eran niñas y niños. 2

Pérez Charles, se efectuaron desconociendo sus documentos de identificación personal y que

acreditaban su nacionalidad. Asimismo, el Tribunal determinó la violación de los derechos del

niño en el caso de las víctimas niñas y niños, pues el Estado no tuvo en cuenta su interés

superior. Igualmente, el Estado es responsable de la violación de los referidos derechos en

perjuicio de Víctor, Miguel, Victoria y Natalie, todos de apellido Jean, quienes nacieron en el

territorio dominicano, pero no habían sido registrados ni contaban con documentación que

acreditara su identidad y nacionalidad.

Por otra parte, a la luz del principio iura novit curia, la Corte determinó el incumplimiento de la

obligación de adoptar disposiciones de derecho interno, establecida en el artículo 2 de la

Convención Americana, respecto a la sentencia TC/0168/13 del Tribunal Constitucional de

República Dominicana emitida el 23 de septiembre de 2013 y los artículos 6, 8 y 11 de la Ley

No. 169-14 de 23 de mayo de 2014. En esencia consideró que tales actos, al dar un trato de

extranjeros a aquellas personas nacidas en territorio dominicano cuyos padres sean extranjeros

en situación migratoria irregular, establecían una discriminación a la luz de la Convención

Americana, vulnerando el derecho de igualdad ante la ley y otros derechos receptados en el

tratado.

La sentencia TC/0168/13 interpretó que, de acuerdo a “todas las Constituciones dominicanas a

partir de […] 1929”, aun en ausencia de un señalamiento expreso de esos textos legales, los

hijos de “extranjeros que permanecen en el país careciendo de permiso de residencia legal” no

podían adquirir la nacionalidad dominicana, pues no es posible, a partir de “una situación

ilícita”, “fundar el nacimiento de un derecho”. No obstante, la Corte Interamericana advirtió que

tal situación ilícita refiere a los padres, y no a las personas nacidas en República Dominicana.

Por ende entendió que ello, por sí mismo, no mostraba una justificación válida para diferenciar

las personas nacidas en territorio dominicano cuyos padres son extranjeros en situación

migratoria regular de aquellas cuyos padres estuvieran en una situación migratoria irregular.

Asimismo, la Corte Interamericana entendió que la orden dada por la sentencia TC/0168/13 de

efectuar una “auditoría” de los “libros-registros de nacimientos” desde 1929 para identificar

“extranjeros” privaba a las víctimas de seguridad jurídica en su derecho a la nacionalidad. Por

otra parte, la Ley No. 169-14, adoptada sobre las premisas sentadas por la sentencia

TC/1068/13, estableció un procedimiento por el que podían adquirir la nacionalidad dominicana

por “naturalización” aquellas personas nacidas en territorio dominicano y no inscriptas en el

Registro Civil que sean hijas de padres extranjeros en situación migratoria irregular. La Corte

Interamericana entendió que la previsión legal de un proceso para lograr la “adquisición” de la

nacionalidad, implicaba un obstáculo en el goce del derecho a la nacionalidad. En tal sentido, la

Ley No. 169-14 da un trato de extranjeros a personas a quienes corresponde la adquisición de

la nacionalidad de pleno derecho por el nacimiento en territorio estatal

En cuanto al derecho a la libertad personal, reconocido en el artículo 7 de la Convención, la

Corte concluyó que tanto los miembros de las familias Jean, Medina, Fils-Aimé, como los

señores Rafaelito Pérez Charles y Bersson Gelin, fueron privados de su libertad arbitrariamente

antes de ser expulsados hacia Haití. Lo anterior, debido a que las detenciones realizadas por los

agentes estatales estaban direccionadas a perfiles raciales relacionados con su aparente

pertenencia al grupo de personas haitianas o de ascendencia haitiana que viven en República

Dominicana. Además, no fueron informados de las razones específicas por las cuales fueron

sujetos a deportación, de acuerdo a la normativa interna vigente y no pudieron acudir ante una

autoridad judicial competente que pudiera decidir la eventual procedencia de su libertad.

Adicionalmente, la Corte concluyó que Lilia Jean Pierre, Janise Midi, Marlene Mesidor, y

Markenson Jean, todos de nacionalidad haitiana, fueron detenidos y expulsados en menos de

48 horas junto a sus familiares y otras personas, sin evidencia alguna de que hayan sido

sujetos a un examen individualizado. Consecuentemente, la Corte determinó que el Estado es

responsable de la violación de la prohibición de expulsión colectiva de extranjeros, establecida

por el artículo 22.9 de la Convención. 3

En cuanto a la prohibición de la expulsión de una persona del territorio del Estado del cual es

nacional, la Corte constató que Rafaelito Pérez Charles, Willian Medina Ferreras, Víctor Jean y

los entonces niñas y niños Luis Ney Medina, Awilda Medina, Carolina Isabel Medina Miguel Jean,

Victoria Jean y Natalie Jean eran dominicanos y fueron expulsados. Por ello, este Tribunal

declaró la violación del derecho de circulación y de residencia consagrados en los artículos 22.1

y 22.5 de la Convención, en su perjuicio.

Además, la Corte determinó que el Estado era responsable por la violación de los derechos a las

garantías judiciales y la protección judicial, plasmados en los artículos 8.1 y 25.1 del tratado,

en perjuicio de Willian Medina Ferreras, Lilia Jean Pierre, Luis Ney Medina, Awilda Medina,

Carolina Isabel Medina (fallecida), Jeanty Fils-Aimé (fallecido), Janise Midi, Antonio Fils-Aimé,

Diane Fils-Aimé, Endry Fils-Aimé, Rafaelito Pérez Charles, Bersson Gelin, Víctor Jean, Marlene

Mesidor, Miguel Jean, Markenson Jean, Victoria Jean (fallecida), y Natalie Jean, debido a que su

expulsión no siguió las pautas de debido proceso establecidas en normas internacionales, ni los

procedimientos previstos en la normativa interna, y dado que las víctimas no contaron con la

posibilidad de un acceso real o efectivo al derecho a presentar un recurso que amparara sus

derechos.

En cuanto al derecho a la protección a la familia, regulado en el artículo 17 de la Convención, el

Tribunal determinó que Ana Virginia Nolasco, Ana Lidia y Reyita Antonia, ambas de apellido

Sensión, permanecieron separadas de Antonio Sensión entre el 25 de marzo de de 1999, fecha

en que el Estado reconoció la competencia contenciosa de la Corte, hasta el año 2002, lapso en

que el Estado no adoptó medida alguna para facilitar su reunificación, la cual fue resultado de

las propias diligencias del señor Sensión. En el caso de Bersson Gelin y su hijo William Gelin,

como consecuencia de la expulsión del primero ambos fueron separados, y el Estado omitió

adoptar medidas para la reunificación familiar. En consecuencia, la Corte concluyó que el

Estado es responsable de la violación al indicado artículo 17.

Por último, la Corte determinó, con base en el artículo 11.2 del tratado, que las injerencias en

los domicilios de los miembros de las familias Jean, Medina y Fils-Aimé no fueron justificadas

por no haberse ajustado al procedimiento previsto en la ley interna, y consideró que deben de

considerarse como injerencias arbitrarias en la vida privada de las familias indicadas.

De igual forma, este Tribunal concluyó, que en relación con los derechos recogidos en los

artículos 7, 8.1, 11.2, 17.1, 22.1, 22.5 y 22.5 y 25.1 de la Convención Americana, el Estado

incumplió con el deber establecido en el artículo 1.1 de la Convención Americana de respetar

los derechos sin discriminación, y adicionalmente los derechos del niño, en el caso de las niñas

y niños al momento de ocurrir los hechos, ya que el Estado no adoptó medidas especiales a la

luz del principio del interés superior del niño.

La Corte estableció que su Sentencia constituye per se una forma de reparación y ordenó las

siguientes medidas de reparación integral, en virtud de las cuales el Estado debe, inter alia: i)

adoptar las medidas necesarias para que las víctimas dominicanas, según el caso, sean

debidamente registradas y cuenten con la documentación necesaria para acreditar su identidad

y nacionalidad dominicana. En el caso de las víctimas que son investigadas, dejar sin efectos

las investigaciones administrativas, así como a los procesos judiciales civiles y penales en curso

vinculados a sus registros y documentación; ii) adoptar las medidas necesarias para que una

víctima haitiana pueda residir o permanecer en forma regular en el territorio de República

Dominicana brindar gratuitamente; iii) realizar las publicaciones ordenadas en la Sentencia; iv)

realizar programas de capacitación de carácter continúo y permanente de los miembros de las

Fuerzas Armadas, agentes de control fronterizo y agentes encargados de procedimientos

migratorios y judiciales, vinculados con materia migratoria; vi) adoptar las medidas de derecho

interno necesarias para evitar que la sentencia del Tribunal Constitucional TC/0168/13 emitida 4

el 23 de septiembre de 2013 y lo dispuesto por los artículos 6, 8 y 11 de la Ley No. 169-14

emitida el 23 de mayo de 2014, continúen produciendo efectos jurídicos; vii) adoptar las

medidas necesarias para dejar sin efecto toda norma de cualquier naturaleza, sea ésta

constitucional, legal, reglamentaria, administrativa, o cualquier práctica, o decisión, o

interpretación, que establezca o tenga por efecto que la estancia irregular de los padres

extranjeros motive la negación de la nacionalidad dominicana a las niñas y niños nacidos en el

territorio de República Dominicana; viii) adoptar las medidas legislativas, inclusive, si fuera

necesario, constitucionales, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para

regular un procedimiento de inscripción de nacimiento que debe ser accesible y sencillo, de

modo de asegurar que todas las personas nacidas en su territorio puedan ser inscritas

inmediatamente después de su nacimiento independientemente de su ascendencia u origen y

de la situación migratoria de sus padres, y ix) pagar las cantidades fijadas por daño material e

inmaterial, reintegro de costas y gastos.

La Corte Interamericana supervisará el cumplimiento íntegro de la Sentencia y dará por

concluido el caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la

misma.

La composición de la Corte para la emisión de esta Sentencia fue la siguiente: Humberto

Antonio Sierra Porto (Colombia), Presidente; Roberto F. Caldas (Brasil), Vicepresidente; Manuel

E. Ventura Robles (Costa Rica), Eduardo Vio Grossi (Chile), y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

(México). Los jueces Diego García-Sayán y Alberto Pérez Pérez se excusaron de conocer la

presente Sentencia, debido, tanto a una excusa presentada, como por motivos de fuerza

mayor, respectivamente.

***

El presente comunicado fue redactado por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos, por lo que es de responsabilidad exclusiva de la misma.