Por más que el Gobierno y sus adláteres (bocinas incondicionales) se empeñen en minimizar el problema, es innegable que miles de dominicanos corren el riesgo de ser deportados hacia Haití, un país al que solo los une el hecho de que sus padres, o talvez sus abuelos, nacieron allá, pero que nunca han visto, no hablan su idioma y al que definitivamente no aman, porque no es su patria, porque se sienten -y son- dominicanos.

Entonces, por más que relinchen en el Palacio o sus “archiopositores”, los pseudonacionalistas, debemos prestar atención a la advertencia que en este sentido hizo esta semana la organización Human Rights Watch, lo mismo que hemos venido diciendo aquí los comunicadores y las organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Estamos hablando de un dr ama humano que afecta quién sabe a qué cantidad de compatriotas que un mal día se enteraron de que “ya no eran dominicanos”, y que el acta de nacimiento, su cédula o cualquier otro documento que los identificara como tales carecía de validez, porque al semidios de la Junta Central Electoral le dio la gana.

La fatídica sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional no es otra cosa que un abuso, un crimen de lesa humanidad, por los graves daños que causa a cientos de miles de personas cuya única falta es ser hijos de padres provenientes de uno de los países más pobres del mundo, Haití.

El Gobierno hizo bien en promulgar la Ley 169-14 para subsanar los efectos de la sentencia aquella, como también es correcto el Plan de Regularización, al margen de lo tardío y las fallas en su implementación. Pero todavía hay funcionarios con un discurso racista, discriminatorio, arrogante.

Por eso usted ve que la JCE y Roberto Rosario tuvieron que tragarse su orgullo y admitir que son dominicanos al menos las 55 mil personas que arbitrariamente habían sido desnacionalizados por tener “un apellido raro”. Pero no se retractan, no. Para eso les falta humildad.

Aunque tarde, al final la verdad se impone, es cierto. Pero ¿quién repara el sufrimiento, el daño psicológico que ha padecido esta gente y sus hijos durante los ocho años que llevamos en este debate bizantino?

Yo exhorto a los afectados a que demanden al Estado dominicano por este abuso, y a los funcionarios que cometieron semejante canallada.
Si fuera mi caso, por mi madre que busco a Laura Acosta, a Manuel María Mercedes u otro abogado de esos que no se venden, para dar inicio a otra gran batalla contra la infamia.