En la madrugada del 28 de febrero retorna al país el narcotraficante Quirino Ernesto Paulino, quien en la segunda semana del mencionado mes hiciese publica denuncias en contra del expresidente y candidato a la presidencia Leonel Fernández Reyna, donde dice haber aportado más de 200 millones de pesos a su campaña política, en forma de “inversión”.
Esto ha causado opiniones encontradas, silencios y hasta temores en distintos sectores de la sociedad dominicana.
Cabe destacar que Quirino retorna la país en condición de ciudadano normal, es decir, que sus derechos civiles y políticos están en plenitud y por ende no puede ser perseguido ni ultrajado por la Justicia dominicana, a no ser que incurra o se demuestre nuevamente vinculación con actos ilícitos.
Más allá de los argumentos “ad hominem” que han sido proferidos en contra de Quirino quien emite la denuncia, para desvirtuar la atención sobre los hechos que el está denunciando, deja entrever que el sistema político dominicano se encuentra resquebrajado en su interior, porque en un sistema político meridianamente transparente, y que funcione de forma adecuada, campañas y denuncias como esta no tuvieran forma de surgir, la duda principalmente se ha generado por la falta de credibilidad en el sistema político dominicano y evidentemente de los actores políticos, puesto que si estos tuvieran un mayor nivel de empatía con la población y su accionar se tradujera en una dotación de legitimidad y credibilidad para el sistema, una denuncia como la que ha hecho el exconvicto ni siquiera hubiese trascendido, pero en un país donde la población vive anhelando autoridades serias, cuando se suscitan estas situaciones la gente lo que hace es refugiarse en estos antihéroes de alguna manera para encausar las expresiones y sentimientos democráticos que en el sistema no se reflejan.
Queda en manos del sistema judicial dominicano cumplir su rol de independencia e imparcialidad ante las investigaciones que deben suscitarse, de forma limpia, concisa y siempre con apego a las leyes y normas establecidas en nuestro sistema de justicia, porque con ello se aportaría al fortalecimiento del sistema político dominicano y no seriamos arropados por la unión narco -estado, si es que acaso, ya no lo estamos.
