Se ha denominado limpieza social a la eliminación sistemática y planificada de elementos considerados “antisociales”.  Aunque en algunos países ha sido dirigido contra inmigrantes o etnias consideradas inferiores, en muchos otros  ha tenido como blanco a personas inmersas en actividades ilícitas de poca monta, como el raterismo, asaltos y otros delitos, junto con indigentes, drogadictos y enajenados mentales que “ensucian y afean” las ciudades, integrando el cuadro de inseguridad que se ha configurado en los conglomerados urbanos del tercer mundo.

Justificada en  la “ideología de higiene o asepsia social, étnica o moral”, las estrategias de limpieza social han organizado  aparatos del crimen tan terribles como las tropas hitlerianas, que en pocos años asesinaron a varios millones de judíos, a través de actos masivos de eliminación.

En América Latina el concepto “limpieza social” está muy asociado a la acción para “controlar” la proliferación de grupos humanos considerados “basuras”, “personas desechables”, desperdicios sociales, piezas defectuosas e irreparables de la máquina social, a quienes hay que “incinerar”.

Para quienes la justifican, la limpieza social es una obra de “darwinismo”, de ingeniería de los conglomerados humanos, a través de la cual el fuerte se come al débil y los mejor dotados, sobre todo, en oportunidades y riqueza material, deciden quienes tienen derecho a vivir.  Los responsables de ejecutarla se consideran como una especie de departamento de desparasitación social, programado para higienizar las partes del cuerpo social que están “descompuestas” y que provienen siempre de los grupos pobres, de los marginados y excluidos.

Esta idea de sociedad “limpia”, aunque no precisamente de basuras sino de pobres, ha ido ganando legitimidad, a través de agresivas campañas mediáticas que presentan al mundo actual como un conglomerado sitiado por el delito y el desorden, sin otra salida que no sea una “cruzada de purificación”. De ahí que el Estado se ve justificado cuando apela  a cualquier medio de defensa, legal o ilegal, que permita la vuelta a la “tranquilidad perdida”.

“Son vagabundos, drogadictos y ladrones que no sirven para nada”, afirman sin sonrojo los voceros encubiertos que llaman a salvar al mundo de los perversos y delincuentes, que son los “sin nada” convertidos en “ nadie”, en sobrantes que no merecen vivir.

El tema de la limpieza social ha cobrado notoriedad en varios países de América Latina, entre los cuales destacan con mayor volumen de casos Colombia, México y Brasil, donde cada día crecen las cifras de los “no identificados” enterrados en fosas comunes, luego de ser asesinados y abandonados en cualquier basurero.

 En estos países, en la mayoría de  los asesinatos con fines de limpieza social denunciados  y/o sancionados, ha estado envuelta alguna instancia militar o policial, aunque siempre en forma oblicua o encubierta, o a través de grupos paramilitares creados para la ejecución de las acciones que las leyes de esos países prohíben. De esta forma, se vende la idea de legalidad e institucionalidad y se dirige la condena y el rechazo social hacia un fantasma difícil de procesar judicialmente, pues,  además de que opera en la clandestinidad, cuenta con la cobertura y la complicidad de las instancias llamadas a perseguir e investigar los crímenes.

Las constantes denuncias de familiares de las víctimas de los “intercambios de disparos”, o los testimonios vivientes de decenas de jóvenes sindicados como delincuentes con piernas cercenadas, luego de ser destrozadas a cartuchazos y balazos propinados a “quemarropa” por agentes policiales, permiten visualizar que también en la República Dominicana se ha estado desarrollando una estrategia de limpieza social, dirigida y aprobada por las más altas instancias del poder.

No se puede negar que muchas de las víctimas, yo diría que la inmensa mayoría, son en realidad delincuentes, jóvenes adictos a algunas drogas y adictos al consumismo sin ninguna capacidad para comprar los sueños que la mercadología construye. El problema surge cuando son apresados y, posteriormente, baleados por agentes del Estado que, con la misión de enfrentar el delito, actúan como delincuentes, violentando todas las leyes del país y las convenciones internacionales.

La incapacidad para ofrecer alternativas de promoción social a través de las vías ordinarias, que son los estudios, el trabajo o la emigración, y para poner en marcha políticas públicas de prevención del delito y de reinserción y reeducación de los que delinquen, es suplida por políticas de limpieza social llevadas a cabo por medio de la acción sistemática de agencias del Estado que tienen por misión mantener limpio al país del raterismo y la delincuencia común, al tiempo que se es muy condescendiente con el delito organizado, sobre todo si sus autores visten saco y corbata.

Una sutil y efectiva estrategia de comunicación, que inspira actuaciones intolerantes e indiscriminadas contra los marginados sociales, sean o no delincuentes, ha permitido desdibujar el fenómeno, presentándolo como saldo del auge delincuencial y como autodefensa de los agentes frente a la agresión, aupando el terror cotidiano, institucional y organizado y el uso abusivo de la fuerza, la represión brutal selectiva, incluso, contra la protestas sociales.

Hasta los organismos de derechos humanos, nacionales y extranjeros, hablan de ejecuciones extra judiciales, obviando que no se trata de asesinatos aislados sino de un plan decidido más allá de los instrumentos que lo ejecutan.

No obstante a ser evidente, en la República Dominicana el fenómeno de la limpieza social tiene matices de diferencias con lo ocurrido en otros países, como son: 1)es desarrollado directamente y en forma abierta por las fuerzas policiales, aunque utilizando el eufemismo de los “intercambios de disparos”; 2) Es probablemente el país donde durante más tiempo se ha estado ejecutando personas en forma sistemática sin una reacción colectiva de rechazo;  3) es el país con menor conciencia colectiva de que existe una estrategia sistemática de limpieza social propiciada desde el Estado; y, 4) A pesar del balance, en los tres últimos gobiernos, de cerca de 3 mil asesinatos, de supuestos o reales delincuentes,  no hay nadie purgando pena por estos crímenes, lo que evidencia la complicidad de todos los poderes públicos.

Con el silencio nos hacemos cómplices de quienes prefieren matar jóvenes por lo que han llegado a ser, aunque nada hayan hecho para ayudarlos a ser personas “incluidas”.

Total, las balas son más baratas que los libros y graduarse de asesinos es más breve y cuesta menos al Estado que formar maestros y construir un entorno de oportunidades para los desgraciados.

Podemos seguir acumulando cadáveres, pero el mal no está en las sábanas. No podemos construir algo bueno,  como puede ser la aspiración de una sociedad sin delincuentes, haciendo cosas abominables.

*El autor es sociólogo, profesor de la UASD y uno de los voceros del Foro Social Alternativo.