Santo Domingo.-No bien el sol empezaba a anunciar un nuevo día, cuando ayer un grupo de reputados comunicadores iniciaban el programa “Brazos solidarios, la venta de un barrio”, con el que se sumaron a las voces que exigen que se detenga la entrega de todo el sector Los Tres Brazos a una empresa por RD$80 millones.
Acompañados por decenas de moradores, desde el propio seno de Los Tres Brazos, el espacio se convirtió en una tribuna para el debate del tema.
Por más de una hora se mantuvieron en transmisión simultánea Telesistema canal 11 con su programa El Día; CDN canal 37 con su espacio Enfoque Matinal; Teleantillas canal 2 con su matutino Uno más Uno; el programa Cuentas Claras de La Nota 95.7 FM y una red de emisoras católicas llevando todos los pormenores de la transacción, una operación que preliminarmente el Poder Ejecutivo ha comprobado que violó las leyes y la Constitución.
“Somos programas que salimos a la misma hora, pero no nos vemos como competencia y hemos optado por la unidad para dilucidar un caso que consideramos extremo”, puntualizó al inicio del espacio el Premio Nacional de Periodismo Huchi Lora.
Durante el desarrollo del mismo los moradores corearon por más de una ocasión: “Este barrio no se vente, este barrio no se vende”, en rechazo a la cesión.
Participación
En la entrega especial, además de la posición de los residentes, quienes piden una titulación justa, también se presentó la de los responsables de la venta, entre ellos, Leoncio Almánzar Objío, director de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) y José de Pool Dominici, representante de Titulatec, empresa que adquirió los terrenos.
“Nos enteramos que esto fue vendido por la visita que nos hacían las promotoras para ofertarnos los terrenos”, detalló Milcíades Gerardo en la primera entrevista del programa.
Refirió que por medio de Corde se vendieron a la compañía Inversiones Fernández Parache hasta los terrenos donde existen escuelas, destacamentos y otras obras públicas.
“Ellos empezaron vendiéndonos el metro cuadrado a RD$1,200 y ahora en muchas zonas lo venden hasta por RD$4,000”, reiteró.
Habla Antonio Isa Conde
“Para vender, alquilar o capitalizar cualquier activo de una empresa de las que están sujetas a la Ley 141-97 (sobre Reforma de la Empresa Pública) tiene que hacerse una licitación donde se estime su valor y luego licitar las tierras”.
Así lo expuso, Antonio Isa Conde, expresidente de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública, para argumentar que en la venta actual Corde violó ese procedimiento, ya que está sujeta a esa ley.
El actual ministro de Energías y Minas hablaba en uno de los reportajes que se presentaron durante la transmisión. Explicó que el contrato de venta también debió ser conocido en el Congreso Nacional, porque así lo dispone la legislación que rige la materia.
“No tengo que entrar en el expediente para ver que indudablemente ha habido violaciones de la Ley 141-97”, consideró sin titubeos el funcionario .
Terrenos son “invendibles”
En otro de los segmentos del espacio, el alcalde de Santo Domingo Este, municipio en el que se encuentra el sector Los Tres Brazos, dijo que los terrenos de esa barriada son “invendibles”.
Añadió que si Corde hizo este negocio que se ponga de acuerdo con quien lo hizo, ya que no permitirán que ese sector sea tocado por nadie.
También, el diputado de esa demarcación, Ramón Cabrera, consideró que ante las violaciones expuestas los responsables deben ser llevados ante la Justicia.
Durante el programa también intervinieron representantes de Ciudad Alternativa y del Comité para la Defensa de los Derechos Barriales, (Copadeba).
Por su lado, el urbanista Cristóbal Valdez refirió que el precio de venta de los más de un millón de metros cuadrados fue tan ínfimo que llegó al extremo de que solo en infraestructura el valor de ese barrio ronda los RD$1,500 millones.
Titulatec
Mediante un comunicado, José de Pool Dominici, representante de Titulatec, compañía que adquirió Los Tres Brazos, manifestó ayer que el decreto 392-16 que suspende la venta en ese sector servirá para “confirmar la transparencia en los procesos” que realizan.
“Permitirá al Estado comprobar que las operaciones de titulación a favor de los ocupantes de las parcelas adquiridas por el consorcio Infepa y comercializadas por la empresa que dirige, se realizan dando cumplimiento a los cánones establecidos por la Constitución y las leyes”.
