Nuestro régimen actual de pensiones se basa en el denominado sistema contributivo, donde trabajadores y patronos aportan para la acumulación de un fondo de donde eventualmente les será cubierta una pensión en la etapa de jubilación del aportante.

Ni el régimen subsidiado ni el denominado régimen contributivo subsidiado han prosperado en su implementación, a tal punto que el deseo del Estado es eliminar este último.

Nuestro sistema de pensiones, apenas cubre menos de la mitad de la población económicamente activa, discriminando la mayoría por falta de mecanismos de cobertura para el sector informal.

Aun así y a sabiendas de los fraudes cometidos por algunos patronos inescrupulosos, esos 1.8 millones de trabajadores han podido acumular en sus cuentas de capitalización individual más de 366 mil millones de pesos dentro del patrimonio total de unos 468 mil millones que manejan en la actualidad las AFP.

Parecería entonces que aunque sea para el beneficio de una porción de la población, nuestro sistema ha tenido un gran desenvolvimiento, a pesar de que por la baja densidad de cotizaciones, el corto tiempo requerido para pensionarse, aportes reducidos y la reducción en los niveles de rentabilidad del mercado financiero, los niveles de pensiones no se adecuarán ni las expectativas, ni necesidades de los futuro pensionados.

Amén de los ajustes necesarias que requiere el sistema para ampliar su cobertura, ajustar el tiempo de la vida laboral e incrementar los aportes, el sistema está urgido de nuevas fronteras de inversión que le permita sacudirse del circulo de inversiones en títulos públicos en la cual aparenta estar atrapado.

Los futuros pensionados requieren de diversificación del respaldo de sus fondos y de las posibilidades de lograr rentabilidades mas allá de las tasas fijas, pudiendo inclusive beneficiarse de las ganancias de capital, característica de todo sistema capitalista. Sin esta evolución de las inversiones, el régimen actual se torna cada vez más vulnerable.