Pertenecer a la nomina del partido oficial o hacer parte de la de un aliado, parece ser el criterio más respetado para la elección de los miembros/as de la Cámara de Cuentas, organismo cuya tarea fundamental, es la de supervisar la administración de los recursos del Estado por parte del gobierno. De esta manera los fiscalizadores resultan ser subalternos del jefe del gobierno que está llamado a vigilar para asegurar el manejo transparente de los recursos públicos.
Los legisladores, que durante meses entretuvieron a la población con las sesiones pública realizadas, para la aprobación de un nuevo texto constitucional, que calificaron de moderno, del cual en más de una ocasión, destacaron como asunto relevante, la prohibición de la reelección presidencial; en vez de vigilar su cumplimiento como le ordena la propia ley sustantiva, se agrupan y trabajan afanosamente para violarla, apelando a interpretaciones sin fundamentos jurídicos, más de una veintena de Senadores proclaman sin ningún rubor su determinación de trabajar para la reelección del Presidente.
Los organismos de seguridad y la policía nacional, cuya encomienda principal es defender la seguridad nacional y ser garante de la seguridad ciudadana respectivamente, miembros de sus filas, aparecen recurrentemente envueltos en escándalos, atracos, asesinatos y casos de alto calibre del negocio de las drogas. Un caso se olvida con otro de mayor dimensión.
La corrupción en la administración pública se mueve de menos a más, adquiere niveles probablemente sin precedente, y aunque existen cualquier cantidad de organismos burocráticos y normas jurídicas para prevenirla y sancionarla, faltan manos y voluntad política para ponerla en acción, hacerla valer y, por lo menos, frenar una práctica que además de bochornosa, genera opulencia en unos pocos, miseria y pobreza en una amplia mayoría de la población, que vive excluidas de los derechos más elementales.
Desde que inició el año escolar se han estado produciendo intoxicaciones con el desayuno que ingieren los niños y niñas en las escuelas públicas. Ni los organismos técnicos, ni los de seguridad del Estado, han podido establecer e informar al país, la causa de este hecho lastimoso, por todo lo que representa este programa en un contexto de pobreza como el nuestro.
Hay dinero para asegurar el presupuesto de los BARRILITOS Y COFRECITOS, para todos los programas inscrito en una lógica paternalista y clientelar, mientras se alega falta de recursos para financiar políticas públicas, que garanticen derechos humanos fundamentales, como salud y educación, entre otros.
Para colmo, la Asociación de Farmacéuticos, protesta porque al parecer, una funcionaria, la de PROMESE, hace uso de la ley de compras y contrataciones de bienes y servicios del Estado, cuyo ejercicio le permite vender a la población, medicamentos esenciales, a mas bajo costo; ellos consideran que esta es una práctica desleal.
Definitivamente, el país está, ¡MANOS A ARRIBA¡
