Una criticable sentencia dictada por los jueces de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ha provocado la repulsa casi generalizada de la población dominicana y de los poderes públicos.

En medio de ese ambiente se produce una sentencia del Tribunal Constitucional sobre un recurso que se inició en 2005 en el que un grupo de personas de la sociedad civil pedía la declaratoria de inconstitucionalidad del mecanismo utilizado para adherir al Estado dominicano a la CIDH.

La acción de los miembros de la citada corte internacional al ordenarle al Estado dominicano que modifique la Constitución para establecer un régimen que ellos le indicaban sobre cómo conceder la nacionalidad dominicana provocó extrañeza en todos los conocedores del derecho internacional y la reacción contraria de la casi generalidad de los dominicanos.

Sin embargo, hay que aclarar que la decisión del Tribunal Constitucional no versa sobre la sentencia en cuestión, sino sobre la competencia de la CIDH en virtud del procedimiento utilizado para adherir al Estado dominicano.

Eso, al parecer, convierte en no vinculante para el Estado dominicano las decisiones de la Corte.

Entre otros calificativos, el Gobierno citó el de extemporánea. Eso así porque llega en momentos en que el país está inmerso en un aceptado proceso de organización de las migraciones y de esclarecimiento de su marco jurídico.

La nueva sentencia del Constitucional sin dudas traerá otra oleada de opiniones diversas, pero este nuevo episodio no debe distraer las tareas emprendidas como consecuencia de la sentencia 168-13 yla ley 169-14, instrumentos jurídicos que permiten poner la casa en orden en materia de migraciones.

Atendamos todos nuestros asuntos.