Hasta hoy una  de las dificultades que  más golpea en la cara  a la democracia y la pone en apuros, es lo difícil que se le ha  hecho establecer mecanismos para lograr la igualdad real entre los posibles actores de la sociedad. Cuando esto se ve desde la perspectiva mujer-hombre  la calificación puede ser de aberrante. Olvidamos que uno de los objetivos del milenio, específicamente el número tres es: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. Visto también en tres aristas: a) Proporción de niñas y niños en la enseñanza primaria, secundaria y superior; b) Proporción de mujeres con empleos remunerados en el sector no agrícola; y c) Proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales.

Nuestra carta magna enuncia que la soberanía reside  en el pueblo, cuya  voluntad es el fundamento de la autoridad, dejando claro que esta se ejerce a través de representantes y en las formas de participación directa  previstas en las leyes. Puntualizando sin lugar a dudas, los principios de diversidad, pluralismo e igualdad de oportunidades, de todas y todos,  en los procesos electorales y en la designación de las autoridades de los órganos de poder público.

Asumir el  compromiso social de impulsar en la agenda política nacional los temas que tienen incidencia en el fortalecimiento de la democracia, fomentando el cumplimiento de los preceptos constitucionales que plantean el derecho a la igualdad de la mujer para ocupar posiciones de poder es un reto para el gobierno que estrenaremos el próximo 16 de agosto. También lo es para instituciones y personas que promuevan de manera auténtica el desarrollo integral del ser humano, lo que elevaría la  calidad de la democracia dominicana.

El tema cobra vigencia cada vez, porque se hace muy poco para remediarlo.  La deuda social acumulada con las mujeres es exagerada. Hora es para reflexionar,  debatir y proponer ideas que posibiliten fijar metas  y asumir compromisos para alcanzar la anhelada igualdad entre hombres y mujeres. Estamos en la coyuntura ideal para lograr este objetivo del milenio, antes del año 2015.

La escasa presencia de mujeres en las posiciones de poder dentro de la estructura del Estado continua siendo un mal intolerable en la democracia dominicana y un factor que obstaculiza su  pleno desarrollo. Hasta ahora la práctica ha sido, muchas mujeres activas para empoderar hombres. Pocos hombres en eso de empoderar mujeres, pero sobre todo poquísimas mujeres actuando de manera juiciosa y estratégicas para empoderar a las madres, hijas y hermanas de líderes dominicanas que deben representar la mitad de todo el universo político.

La comunidad internacional ha desarrollado grandes esfuerzos para contrarrestar este desequilibrio, destacándose la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) aprobada por las Naciones Unidas en el año 1979, ratificada por el Estado Dominicano. Estas iniciativas han sido insertadas a la Legislación Nacional. Mediante la ley No. 86-99 del 11 agosto de 1999, se crea el ministerio de la mujer y la ley 12-2000 del 2/03/2000 sobre el 33% de las candidaturas como cuota femenina modificando la ley electoral no. 275-97.

La  constitución consagra los principios generales de igualdad en su artículo 8, que dice: “Es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención  de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas.”

El artículo 39 sobre el derecho a la igualdad dice: “4) La mujer y el hombre son iguales ante  la ley. Se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres. Se promoverán las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género; 5) El Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado”.

Sin embargo, una debilidad latente, es la práctica tradicional que no armoniza el discurso con la realidad, por lo que se hace necesario que desde escenarios puntuales se convoque a los más diversos sectores de la vida nacional y se llame la atención para que la equidad en la designación para posiciones de poder se concrete definitivamente como prioridad de Estado.

Estas iniciativas, para empujar la equidad en el ejercicio del poder real tiende a vencer resistencias culturales e ideológicas, que unidas a otros factores de carácter sicológicos, sociales y económicos agravan la situación y colocan a las mujeres a distancia extrema del control político y las relaciones de poder en el Estado Dominicano.

Martí dijo: “hacer es la mejor manera de decir”. Así esperamos que ocurra a partir del 16 de agosto 2012.