República Dominicana está invirtiendo en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros una gran cantidad de recursos que hacen falta para atender asuntos fundamentales para la población dominicana.
El Gobierno dominicano gastará unos 1,200 millones de pesos (más que lo que recibirán en 2015 los ministerios de la Mujer y de la Juventud juntos) en ese Plan que beneficiará fundamentalmente a ciudadanos haitianos.
El principal obstáculo que ha tenido ese plan ha sido la deficiencia del Gobierno haitiano de dotar a sus ciudadanos de los documentos necesarios para acogerse al mismo y que muchos de ellos dicen carecer del dinero que les cobran las autoridades haitianas por los mismos.
El Canciller haitiano indica que su gobierno contempla pedir una ampliación del plazo del citado.
Antes de que las instituciones dominicanas siquiera contemplen esa posibilidad, el Gobierno haitiano tiene la obligación de informar a los dominicanos qué está haciendo para cumplir con lo que le corresponde.
¿Qué entiende Haití que haría en una extensión del plazo del Plan de Regularización que no pueda hacer en los cinco meses que aún quedan para que venza el tiempo establecido?
¿Cómo está colaborando Haití con República Dominicana para detener la migración ilegal a través de la frontera?
¿Cuál es la contraparte del Gobierno haitiano para garantizar el éxito del Plan?
Los contribuyentes dominicanos merecen respuestas a esas interrogantes y el Gobierno dominicano, encabezado por el presidente Danilo Medina, tiene la obligación de pedirlas.
