Santo Domingo.-El Gobierno rechazó la sentencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que condena al país bajo la acusación de violaciones de derechos de descendientes de extranjeros ilegales, tras considerar que ese fallo es “extemporáneo, sesgado e inoportuno”.

En un documento leído por el portavoz del Gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, las autoridades dijeron que el país se adhiere al artículo 1 del Convenio de La Haya que faculta a cada Estado para regular y determinar, de acuerdo a su legislación, quiénes son sus nacionales”.

“Este principio, pilar del Derecho Internacional, es innegociable para el Estado dominicano”, se indica en la respuesta a la Corte, que en su sentencia recomienda al país modificar la Constitución y las normas jurídicas para facilitar el otorgamiento de la nacionalidad dominicana a los descendientes de extranjeros en situación irregular que presuntamente han sido víctimas de la violación de sus derechos.

Dijo que los poderes públicos del país emanaron la Constitución de 2010, la sentencia TC168-13 y posteriormente la Ley 169-14, que contó con el consenso de todos los sectores de la sociedad y fue aprobada por el Congreso Nacional. “En consecuencia, cualquier posición que cuestione los poderes legítimamente constituidos de nuestro Estado es inaceptable para la República Dominicana”, advirtió.

Reitera posición

El Gobierno reiteró su compromiso con el sistema interamericano, pero dijo que cualquier interpretación antojadiza del mismo en modo alguno puede afectar la soberanía dominicana ni la potestad del Estado para definir por sus normas internas el régimen de la nacionalidad dominicana.

“Entendemos, además, que esta sentencia, que se refiere a hechos acontecidos en los años 1999-2000, pasa por alto numerosas circunstancias.

Entre otras, que el país tiene en marcha actualmente la implementación de un plan integral para la regularización y documentación de todas las personas que habitan en el territorio dominicano. Asimismo, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha ignorado aspectos muy relevantes de nuestra historia reciente, que muestran la voluntad inequívoca de la República Dominicana de modernizar y mejorar su marco legal”.

Citó como ejemplo de esto la Constitución aprobada en 2010, que incluye derechos de tercera generación. “Es conocido el compromiso férreo del Gobierno dominicano con el respeto por todos los derechos humanos y con la búsqueda de soluciones a los desafíos que enfrentamos en materia de documentación”, agregó.

Defiende medidas

El Gobierno dice en su respuesta a la Corte, que “debemos enfatizar que las soluciones que ha planteado el Gobierno y que están en marcha son el fruto del más amplio consenso logrado en nuestro país en esta materia y suponen un avance sin precedentes en las últimas décadas”.

Manifestó que esa voluntad de avance y transformación es apoyada y conocida por la comunidad internacional y por numerosas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, que están trabajando con el país sobre el terreno para la implementación de las soluciones.

“Como parte de nuestra convicción y compromiso con la protección de las personas, el Gobierno ha creado una unidad especializada en Derechos Humanos en nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, con rango de dirección y con un equipo amplio de primera línea.

Por otra parte, queremos resaltar que desde hace casi un año nuestro país y la República de Haití han sabido hacer de la dificultad, virtud, transformando lo que comenzó como un desencuentro entre nuestras naciones en el proceso de diálogo bilateral más fructífero que han visto nuestros pueblos en las últimas décadas.

Este diálogo ha permitido, entre otras cosas, una cooperación sin precedentes en materia de documentación”.

El Gobierno agradece las acciones que ha llevado a cabo el Gobierno de Haití para facilitar los procesos, entre ellas la apertura de cuatro nuevas oficinas consulares en la República Dominicana.

“Entendemos que, en pro de los avances obtenidos y de la sostenibilidad de ese proceso de diálogo, vamos a continuar por la ruta que nos habíamos trazado y que avanza por un buen camino”, precisó.

Las autoridades aseguraron que el deber del país. en primer lugar, es defender la soberanía de la República Dominicana, mantener la estabilidad política y social en el territorio y favorecer un clima de convivencia pacífica.

“En definitiva, creemos firmemente que la hoja de ruta que nos hemos trazado es el camino adecuado para lograr nuestro objetivo, que siempre ha sido y será el mismo: construir un país sin exclusión y sin discriminación, en el que los derechos humanos fundamentales y el respeto a las leyes caminan de la mano con un mismo fin: propiciar la felicidad de las personas.