El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Impuestos Internos, mantiene una política de diálogo discreto con algunas instituciones, empresas y empresarios que se demoran en reportar los impuestos correspondientes a las operaciones de sus negocios.

El periodo de diálogo tiene un tiempo y obedece a una práctica que ha dado sus frutos, ya que en la inmensa mayoría de los casos las cuentas se aclaran y los requeridos pagan los impuestos correspondientes.

Hay casos en que no se llega a un acuerdo y el diálogo no rinde sus frutos. Ahí entra la parte represiva de la ley.

Se trata de dinero que debe ser invertido por el Gobierno en un sinnúmero de obras que demanda la comunidad para apuntalar el desarrollo de otros sectores que aguardan por la construcción o terminación de las mismas.

De manera que la Dirección General de Impuestos Internos no hace más que cumplir con su deber a la hora de reclamar el pago de los tributos establecidos por las leyes, siempre y cuando lo haga sin excesos.

Sin embargo, cada caso en que una empresa fracasa en sus obligaciones de pagar tributos hay que determinar si es que la carga impositiva ahoga el sector al que pertenece o si ha sido por simple vocación al fraude o el incumplimiento.

Nuestro país aún no se ha dado una ley de quiebra, lo que les impide a las empresas abocarse a un proceso de reingeniería financiera sin tener que someterse a un cierre definitivo.

Hemos visto cerrar empresas legendarias por problemas impositivos y cada vez que ocurre se pierden empleos. Hay que analizar cada caso para determinar las razones reales del incumplimiento.