Santo Domingo.-Pese a los esfuerzos de la bancada peledeista para que fueran rechazadas todas las modificaciones a la Ley de Lavado de Activos, para lograr pasar  el proyecto en dos lecturas consecutivas, fue imposible ante el rechazo de la oposición y parte de los propios legisladores oficialistas, quienes coincidieron en que las cooperativas fomenta el desarrollo  sostenible principalmente en los pueblos.

 Previo al sometimiento  los diputados rechazaron varias modificaciones en beneficio de las cooperativas  entre las que se encontraba el diputado y miembro del Comité Político, Radhamés Camacho, cuya votación fue apenas  dos puntos de  diferencias.

El proyecto de ley  busca alinear la normativa local con 40 nuevas recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional en materia de lavado de dinero.

Al no contar con los votos requeridos para su aprobación, la presidenta de la Cámara convocó para mañana y les advirtió a los oficialistas la urgencia que tiene el país de que sea aprobada  dicha ley

El presidente de la comisión de  Justicia, Henry Merán,  expresó la importancia del  proyecto que trata de perfeccionar lo que es la Ley de Lavado Activos.

Asimismo, amplía los tipos penales y organiza las infracciones, ampliando las penas hasta un rango de 20 años. “Este proyecto ha sido demandado con mucha urgencia por organismos internacionales para calificar el país como se merece en esta materia”, sostuvo Meran

Destacó que el mismo servirá para que la República Dominicana  se coloque  a la vanguardia de los demás países en torno a este tema.

La nueva Ley  define por primera vez los mecanismos de cooperaciones que tendrá el país con el extranjero.  Asimismo prohibirá la compra en efectivo de inmuebles, vehículos y joyas por montos iguales o mayores a RD$1.0 millón, RD$500,000 y RD$450,000, respectivamente.   Y  castiga el financiamiento del terrorismo con una pena de 20 a 40 años de prisión.

Además, limita el movimiento de efectivo y sanciona a los notarios y registradores públicos que, sin recibir constancia del medio de pago, reconozcan o instrumenten operaciones al “cash” penalizadas en esa legislación.

Esa última acción es calificada como “infracción penal asociada al lavado de activos” y castigado con una pena de seis meses a un año de prisión menor y la revocación de la investidura como oficial público, en el caso de los notarios.