El pleno de la Cámara de Diputados fue apoderado de un proyecto de ley para regular los alquileres de viviendas para fines residenciales o comerciales que vendría a sustituir la desfazada legislación vigente desde 1955.

El proyecto que descomplica la solución de conflictos entre propietarios e inquilinos terminará beneficiando a ambas partes.

Primero, porque los propietarios podrán sentir mayor seguridad jurídica y librarse del temor de tener que pasar por un calvario judicial para recuperar su inmueble aún cuando el inquilino haya incumplido con lo establecido en el contrato de arrendamiento.

Eso ha hecho que pocas personas se animen a invertir en viviendas de alquiler, lo que ha encarecido su costo, afectando así a las personas que no tienen casa propia.

Por tanto, ante el eventual aumento de la oferta los inquilinos podrán beneficiarse de mejores precios al producirse una mayor oferta. Pero también la legislación le reduce la garantía obligatoria y le quita el peso del pago de los intermediarios cuando éstos son impuestos por los propietarios.

El proyecto entra ahora en una etapa de discusiones entre los diputados, que estimamos no serán muy extensas, porque ya ha sido debatido incluso en vistas públicas.
Falta ahora que los legisladores sean diligentes y saquen adelante, por consenso, esta pieza legislativa.