La mafia que falsifica títulos y estafa vendiendo terrenos ajenos se guayó al victimizar a un ciudadano estadounidense cuyo predio “vendió” nada menos que al Ministerio de Educación por RD$48 millones. Ayer un tribunal ordenó la conducencia del ministro Carlos Amarante Baret por no comparecer al juicio de la mujer acusada de “estafar” al Ministerio, que pagó con presteza y llegó a iniciar la construcción de dos centros escolares en los solares.

La asociación de malhechores dedicada a estos robos es tan poderosa, que en este caso hasta logró agenciarse una declaración de utilidad pública del terreno falsamente vendido por la imputada al Ministerio de Educación para edificar dos escuelas. El caso ha trascendido porque el legítimo dueño ha tenido los recursos y disposición para defender su derecho, cuyo proceso también ha estado plagado de otros ilícitos en perjuicio suyo, un viacrucis judicial. Pero, ¿cuántos otros casos similares habrá sin que lleguen a la Justicia ni la prensa? La protección y garantía de la propiedad privada, especialmente inmobiliaria, merece mayor atención.