En las actuales circunstancias sugiero que el Presidente de la República en su condición de Jefe de Gobierno convoque de urgencia una Cumbre de los Presidentes de los cuatro Poderes del Estado dominicano con el propósito de realizar un encuentro denominado Cumbre de Entendimiento para hacer un levantamiento, análisis e instaurar mecanismos que impidan el inminente colapso del sistema de la justicia penal en el país.

Es de urgencia que se reúnan el Presidente del Poder Ejecutivo Danilo Medina Sánchez, el Presidente del Poder Judicial Mariano Germán Mejía, el Presidente del Poder Constitucional Milton Ray Guevara y el Presidente del Poder Legislativo Reynaldo Pared Pérez, con la veeduría de la Defensora del Pueblo, a fin de que le envíen un mensaje conjunto a la ciudadanía que observa perpleja como se incrementa la violencia callejera, los asesinatos de ciudadanos, la muerte a mansalva de supuestos delincuentes en manos de la policía, militares involucrados en narcotráfico, el enfrentamiento entre jueces y fiscales, la renuncia de jueces, fiscales y defensores públicos por la precariedad de sus salarios, los pronunciamientos estridentes de legisladores instigando a las matanzas callejeras, la escasez de jueces y fiscales en las jurisdicciones más pobladas, el colapso de la defensoría publica, el incremento absurdo de las penas, la quiebra de las garantías constitucionales en sede judicial, el desprestigio de la policía, el debilitamiento del ministerio público, la ilegitimidad social de la justicia y el populismo congresual, son expresiones de la falta de una estrategia global entre los actores del sistema que afecta las expectativas de la sociedad, mata la esperanza de la gente, atenta contra el régimen democrático del Estado Social e incrementa la violencia por falta de un espacio institucional donde dirimir con efectividad y eficacia los conflictos sociales.

La crisis de la justicia como sector, cuya puerta de acceso se inicia en sede policial con la denuncia del hecho criminoso pasa por los despachos judiciales impulsados por el ministerio público y cierra con la pena en el centro penitenciario, es la causa fundamental de la violencia humana que frustrada ante un sistema judicial inoperante termina buscando soluciones violentas por cuenta propia.

Esta situación ha generado que el último informe sobre criminalidad en el Caribe refleja que nuestro país sea percibido por la gente como el tercero más inseguro del área, solo superado por Honduras y El Salvador donde hay maras o bandas organizadas, lo que atenta contra la imagen internacional.

La República Dominicana se ha convertido en un almacén de drogas donde no hay controles de ingreso, solo una parte entra sale mientras la otra se queda para la venta, distribución y consumo interno. Esta es otra de las causas graves de la violencia callejera, el consumo masivo de drogas en todos los sectores sociales.

La confrontación de los actores encargados de prevenir, evitar, investigar, procesar, juzgar y sancionar la criminalidad, el delito y los criminales afecta la seguridad humana, la seguridad ciudadana, la seguridad pública y la seguridad jurídica en el país.

Es censurable, deleznable, espurio que la Constitución haya instaurado el diseño de una política criminológica para evitar y en su caso afrontar la criminalidad, mientras los actores del sistema se enfrentan entre si imputándose culpabilidades recíprocas, lo que de nada sirven a la solución de los conflictos.

El Presidente de la República como Jefe de Gobierno es el líder del país, y como tal, tiene la responsabilidad de convocar a los demás líderes del Estado para que articulen los mecanismos para afrontar juntos el fenómeno que a todos y todas nos afecta.

El Instituto Dominicano de Ciencias Penales y otras entidades de semejante reputación social es seguro que asumirían el compromiso social de apoyarles aportando cientistas, analistas sociales, juristas, criminólogos, expertos e investigadores, para ayudarle en esta labor, porque el Estado solo no puede y la ciudadanía somos todos.