Un estudio realizado por la USAID revela que los niveles de confianza de los dominicanos en la Junta Central Electoral están entre los cuatro primeros del continente , superando incluso a Estados Unidos en cuanto a los organismos responsables de realizar las elecciones.

Sólo lo superan democracias como Paraguay, Chile y Costa Rica.

La información tiene mucho más relevancia si tomamos en cuenta que la credibilidad de la Junta Central Electoral tocó fondo en 1994, cuando los amplios y profundos cuestionamientos al proceso electoral organizado por ese organismo sumieron al país en una profunda crisis política.

A partir de ese momento, la nación entendió que no se podía seguir transitando ese camino y surgió una especie de pacto social para rescatar el tribunal electoral y evitar futuras crisis.

Lo que se inició con la reforma constitucional de 1994, en la que se implementaron los colegios cerrados, junto con la decisión de depurar el padrón, hoy se refleja en la realización de procesos electorales sin traumas.

A los actuales jueces de la Junta Central Electoral les cabe el mérito de haber consolidad ese proceso y ampliar su campo de acción al Registro Civil.

Lo que se ha producido con ese tribunal también constituye  la más fehaciente muestra de que cuando el país en su conjunto asume un compromiso se logran resultados agradables.

Quizás haya llegado el turno de hacer lo propio con otras instituciones.