Nadie, o casi nadie, se refiere al polémico tema de la construcción de la termoeléctrica Punta Catalina sin pasión, a veces desborda para un lado o para el otro, o sin despojarse de dos extremos que andan contrapuestos en estos tiempos en los que el caso Odebrecht condiciona significante y significado.
El pesimismo y el optimismo desbordados son, en este aspecto, dos corrientes igual de contaminantes que se refriegan en el campo de la opinión pública, en medio de una competencia febril y absurda, al parecer movida por el supuesto de que quien tenga más saliva tragará más hojaldre.
A quienes se inscriben en la primera banda evocadora del cataclismo deben saber que sería una locura absoluta detener la obra eléctrica y que variar ahora el esquema constructivo podría representar una pérdida descomunal en recursos y tiempo.
Claro, hay politiqueros y fundamentalistas “socialcivilescos” seducidos por esa opción porque, en el fondo, la ven como la trampa perfecta contra el presidente Danilo Medina, sin dudas una treta artera.
Los sobradamente optimistas merecen un llamado a la calma, pues lucen fuera de control, nerviosos, defensivos a ultranzas, disparando una lluvia de balas por cada proyectil en su contra, dibujando fantasmas que no existen y seleccionando a “conspiradores favoritos” y a “futuros chivos experiatorios” en caso de fallas.
El exceso de exposición ha metido a Punta Catalina en una agenda en la que no estaba, hasta el punto de convertirse en un tema dominante que solapa el debate sobre hechos importantes del pasado vinculados a Odebrecht que deben estar en el candelero.
Si Punta Catalina se hizo por el librito en todos los componentes del proceso, ella se defiende sola y si su aporte al sistema eléctrico es justo lo que se ha predicado, no hay que gastar recursos para contener los vientos que no tumban cocos, sino esperar con paciencia la hora de la verdad.
En lugar de perder el tiempo en estos ruidos y aquellos lodos, el Gobierno debería comenzar a armar un esquema histórico de negocio: Convertir a todos los ciudadanos que quepan en dueños de Punta Catalina, propiciando la emisión de acciones que esperamos hace años para el despegue del mercado de valores.
Es el mejor cierre que pudiera ocurrir para hacer del proyecto una empresa esencialmente pública, transparente, auditable y con los libros abiertos.
