Santo Domingo.-El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) es el órgano acreditado por ley para defender a los compradores.

Pero esta institución no tiene facultad para proteger a los usuarios del sector eléctrico, telecomunicaciones, servicios financieros o de salud, que son los servicios que más quejas generan en la población.

Por eso se hace necesario una revisión de la Ley 358-05 de Protección al Consumidor, para que esos usuarios pueden ser defendidos por Pro Consumidor.

Así lo lo planteó la directora de esa entidad Anina del Castillo en los Coloquios de EL DÍA.

“En el país hay mucha dispersión de marcos legales que no ayuda, sino que perjudica al ente que debemos proteger”, manifestó.

Entiende que después del desarrollo de una legislación existe la oportunidad de que se analice para determinar sus debilidades y fortalezas y en el caso de Pro Consumidor las debilidades podrían ser esas dispersiones.

Sin embargo, por el momento la solución real sería lograr la creación de alianzas con esos sectores que se integren, creen un protocolo conjunto y hablen un mismo lenguaje.

“Debemos ir descartando las amenazas de otras entidades que crean que estamos tratando de robarles sus espacios. Debemos fortalecernos, porque si hay algo en común es la carencia de recursos para enfrentar los retos”, aclaró.
Tipos de dispersiones

Cuando Del Castillo habla de dispersión se refiere a que hay otras entidades que hacen la misma función de Pro consumidor, pero en áreas especificas.

Señaló que esa institución por ley no puede defender a los usuarios del mercado eléctrico porque hay una instancia que se llama Protecom (Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad), que tiene a su cargo ese rol.

Lo mismo pasa con el sector de la telefonía, telecable e Internet. El Instituto Nacional de las Telecomunicaciones es el que regula ese mercado.

Pro Consumidor tampoco tiene potestad para defender a los clientes del sector financiero, porque la Superintendencia de Bancos tiene un departamento llamado Prousuario para ese tipo de clientes.

Asimismo, el servicio ofrecido a los ciudadanos por las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) es vigilado por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril).

“A nosotros es que nos correspondería regular y defender esos usuarios como pasa en otros países”, enfatizó la funcionaria.

Pero mientras la Ley 358-05 se revisa, la funcionaria indicó que está tratando de acercarse a las demás entidades para establecer protocolos, límites de campo de competencia y un lenguaje común en favor de los usuarios. Recordó que hay principios mínimos que deben ser rescatados e implementados desde la visión de Pro Consumidor para avanzar en la defensa de ese gran sector.

El mercado no es regulable

La directora de Pro Consumidor recordó que los mercados no son autorregulables y por eso se impone la necesidad de que el Estado proteja los intereses de los menos protegidos.

“Un mercado por sí mismo no puede jamás ser lo suficientemente equitativo. Por eso dejar la regulación del mercado en manos de los actores económicos implica mucho riesgo”, dijo.

Recordó que los tres elementos de regulación son: asegurar la libre competencia, defensa comercial y protección del usuario.

Esos principios se logran junto a la ley de competencia y defensa comercial.

“Nuestra ley tiene algunos elemento que permiten que cuando esos organismos estén funcionando, se podrán tomar mejores decisiones en beneficio del consumidor”, subrayó.

Se cree bien posicionada

La funcionaria destacó que la Ley 358-05 es relativamente nueva. Se creó en 2005 y su primer consejo directivo inició en el año 2008, pero aún así ha podido posicionarse.

Reconoció que hay muchas necesidades, pero también oportunidad de contribuir para que la sociedad entienda que merece más de lo que tiene.

No hay dinero ni personal

La directora de Pro Consumidor denunció que así como debería revisarse la ley 385-05 para incluir bajo su sombrilla a los usuarios del sector eléctrico, telecomunicaciones, salud y finanzas, también deberían revisar el presupuesto de esa organización.

Anina del Castillo reveló que esa entidad apenas recibe RD$137 millones al año, lo que significa un promedio de RD$10.34 millones al mes.

Por eso no tienen recursos para atender las necesidades de esta población de 10 millones de habitantes.

Apenas cuenta con 30 supervisores para monitorear los comercios de todo el país y un total de 243 empleados, incluyendo los inspectores y el servicio jurídico, “que no da abasto con tanto trabajo”.