Montevideo.- La Organización de las Naciones Unidas evaluará este lunes y martes en Ginebra cómo está implementando Uruguay la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y tanto las organizaciones sociales como el Gobierno coinciden en que hay varios puntos que mejorar.
Uno de los principales factores en los que el país suramericano debe mejorar es en la elaboración de una fuente estadística fiable en la que se recojan datos sobre cuál es la población exacta con algún tipo de discapacidad en Uruguay y cuáles son sus características económicas o de género, entre otras.
Esa información favorecería el establecimiento de políticas públicas efectivas para atender sus necesidades, algo que con los datos actuales -los del último censo, de 2011- se hace “a tientas”, reconocen fuentes consultadas por Efe tanto de organizaciones sociales como del Gobierno.
Según explicó a Efe Jesshie Toledo, miembro del Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo (Iidi) y una de las representantes de la sociedad civil uruguaya en la presentación de informes en Ginebra, otro déficit en la implementación de la convención hace referencia a la educación.
Toledo opina que en Uruguay se está en un proceso de cambio de paradigma en la enseñanza en el que se pasa de considerar que las personas con discapacidad deben acudir a centros especiales a otro, en el que se busca la correcta inclusión en cualquier institución educativa.
Esta última es la postura acorde con el de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. En ese sentido, considera que en el país todavía está muy instalado el “tener lugares especiales para personas diferentes”, algo que se une a que los docentes no están preparados para las necesidades específicas de las personas con discapacidad ya que están formados para “otro modelo” educativo.
El director de la División de Coordinación y Acciones Estratégicas del Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) del Ministerio de Desarrollo y uno de los redactores del informe que presentará el Estado en Ginebra, Pablo Marrero, señala que la cartera de Educación trabaja para que la enseñanza sea “inclusiva».
“Muchas normas hablan de una realidad que debe existir pero que es difícil que se dé”, aseguró a Efe Marrero en una línea coincidente con la opinión de la coordinadora residente de la ONU en Uruguay, Denise Cook, que asegura que esa brecha entre la legislación y su aplicación real “es un problema en muchos países».
Un ejemplo práctico que se da en Uruguay en cuanto a esa brecha es el referente a la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral privado.
Si bien el Estado está obligado a que un 4 % de los funcionarios sean personas con alguna discapacidad, en la órbita del sector privado existe una legislación que todavía no ha sido reglamentada, es decir, que en la práctica no se aplica.
Según explicó Marrero, hace menos de un mes el tema estuvo a discusión en el Parlamento y lo que se busca es que aquellas empresas con más de 25 trabajadores contraten al menos un 4 % de personas con discapacidad, lo cual tendrá como contrapartida para las compañías determinados beneficios fiscales, entre otros.
En cuanto a la sanidad, uno de los temas más acuciantes y por el que más se han preocupado la sociedad civil organizada y la ONU en Uruguay es el relacionado a la salud mental, regulada por una norma que data de 1936 y conocida como “ley del psicópata».
Entre los reclamos se encuentran la realización de un cronograma de cierre de los centros psiquiátricos y el desarrollo de una estrategia de atención primaria interdisciplinar en salud mental donde los ‘manicomios’ dejen de ser la opción preponderante debido también al cuestionable estado de muchos de ellos.
En ese sentido, el Ministerio de Salud presentó un proyecto de ley de salud mental al Parlamento que propone “un cambio en el modelo de atención a las personas con trastornos mentales».
En cuanto a las quejas en el acceso a la salud para las personas discapacitadas Toledo también destaca que las campañas de prevención no están adaptadas, al igual que varios servicios en los centros de salud públicos.
“Tenemos una visión de que el Estado presenta un informe que no es que se aleje mucho de la realidad, pero estamos en una posición (la Iidi) de que estamos muy relegados en lo que tiene que ver con la agenda de derechos en Uruguay”, aseguró.
Uruguay es uno de los 166 Estados que han ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, como tal, debe presentar informes periódicos al comité de la ONU sobre cómo está implementando la misma.
Se espera que en la evaluación del lunes y el martes el país suramericano reciba recomendaciones por parte de las Naciones Unidas para seguir avanzando en el tema. Desde este lunes y hasta el próximo 25 de agosto también serán evaluados en Ginebra Etiopía, Bolivia, los Emiratos Árabes Unidos, Guatemala, Colombia e Italia.
