“Nos comprometemos con apoyar y promover la eliminación de todo mecanismo de impunidad, con promover la independencia de poderes, y apoyar todas las iniciativas que busquen mayor transparencia, persecución y sanciones a los actos de corrupción administrativa”.

La corrupción administrativa no es un delito cualquiera… Es el peor de todos los delitos, pues se roba el dinero de la salud, la educación, la seguridad ciudadana, etc. Genera una tierra fértil para los demás crímenes y delitos. Es un cáncer que daña todos los órganos del Estado.

A su vez la corrupción está estrechamente relacionada con la impunidad. Creando un círculo vicioso: a más corrupción más impunidad, a más impunidad más corrupción.

Aumentando hasta que esos males penetran toda la administración pública y llevan al país a un colapso sistémico.

La lucha contra la corrupción no puede basarse en acciones aisladas, muchas veces respondiendo a criterios políticos, sino que debe ser una política de Estado.

El país debe contar con un esquema de leyes que persiga de manera implacable la corrupción, y que sancione a los funcionarios encargados de perseguir ese tipo de delito que no cumplan su labor.

Para eso es preciso la independencia de poderes y el equilibro de fuerzas. Un Congreso capaz de destituir al Presidente de la República si este falla; una justicia capaz de procesar a los congresistas si estos fallan; y claro, un Ministerio Público que no responda al partido de Gobierno.

No es algo que se consigue de un día para otro, pero como todo en la vida: lo que no se empieza no se termina. Ya nuestro país no aguanta más corrupción, es momento de sacar un bisturí e ir extirpando ese cáncer. Que si peligrosa puede ser la operación, más peligroso es no hacerla.

Eliminar esos males no está en la manos de un solo diputado, pero el país puede contar con un soldado en esa lucha, dispuesto a enfrentar la impunidad y la corrupción en el terreno que sea, y venga de donde venga.