Recientemente tuve la oportunidad de discutir con dos buenos amigos la necesidad de reforma de nuestro sistema de justicia. Fuimos invitados a un programa matutino de análisis y por espacio de casi dos horas desarrollamos nuestras ideas sobre qué, cómo y en qué forma debe ser reformado para que cumpla su misión.

Sin embargo, y pese a estar de acuerdo en muchas cosas, llamó mi atención que uno de mis colegas entienda que la razón efectiva de esta reforma –particularmente en lo relativo a los jueces- es la necesidad de castigar la corrupción administrativa.

De entrada, parece una propuesta razonable: es cierto que el historial de la lucha anticorrupción en los tribunales deja mucho que desear. Pero, como dice el proverbio, el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones.

La imparcialidad de los jueces es la piedra angular de los sistemas de justicia democráticos. Pretender ignorar este deber de imparcialidad no es sólo contrario a nuestro ordenamiento jurídico, sino que demuestra un sentido muy limitado de la historia de la libertad y del Derecho.

No hay que remontarse a los jueces colaboradores con la Inquisición, ni tampoco a los jueces nazis que aplicaron las leyes de Nüremberg. Esos son casos extremos, aunque partan de la misma lógica de perseguir la pureza (moral o social) con la complicidad de jueces parcializados.

Pensar que el problema de la impunidad se resolverá con este tipo de jueces es un error grave. Sobre todo, porque quienes asumen de esta forma la función de juzgar terminan siempre instrumentalizando en beneficio propio el poder arbitrario que se les pone en las manos.

Además, aunque no salga en la prensa, la principal debilidad del sistema de justicia es su incapacidad para solucionar los conflictos que los ciudadanos confrontan en el día a día.

La impunidad no empieza ni termina con los casos de corrupción; es un fenómeno estructural y transversal en la República Dominicana.

En vez de apuntar a convertir el sistema de justicia en una garantía de condena, lo importante es que el contacto con él no sea traumático para el ciudadano común, lograr que se convierta en fuente de confianza.

Solo logrando que gestione exitosamente su función principal se podrán sentar las bases para que sea efectivo en todos los ámbitos.