Santo Domingo.-El escándalo de la constructora Odebrecht, que al igual que en otros países involucra a funcionarios y políticos dominicanos con un soborno de RD$92 millones de dólares, debe servir como elemento de partida para hacer frente a la corrupción que impera aquí.

Esa reflexión la hizo ayer el jurista Julio Aníbal Suárez, quien consideró que cuando la afectación al Estado es mayor, el Código Procesal Penal no permite la concertación de acuerdos entre el Ministerio Público y otra entidad.

Para él, la devolución por parte de la firma brasileña, de US$184 millones es una admisión de la culpabilidad existente, de índole mayor.

“En el caso de la Odebrecht el problema no es recuperar los 184 millones de dólares. Este caso debe ser la arrancada para que esta situación que se ha denunciado aquí comience a ser combatida y enfrentada, que se persiga a los imputados o a los que se acusen se cometer un hecho, no importa la esfera ni vinculación con el Gobierno o partidos políticos”, indicó.

Suárez habló en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio junto a Ramón Antonio (Negro) Veras, Porfirio Hernández Quezada y Delfín A. Castillo, miembros de la promoción “Libertad” de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (1967).

Podredumbre judicial

Abordados sobre la impresión que sienten del manejo de la Justicia matizada por cuadros políticos, después de 50 años de ejercicio profesional, Ramón Antonio Veras dijo que se sienten “asqueados”.

Insistió que ninguna persona sana, decente, con sentido de honor y limpieza puede sentirse bien viviendo en la sociedad dominicana, porque esta no se determina por la cantidad de edificios, hermosos autos ni las grandes cuentas que se tengan en los bancos.

“La sociedad humana hay que verla cuando se puedan satisfacer las necesidades de los que son los más, en cuando a salud, educación, respirar aire libre… pero esto no está para respirar libremente”.

Su reacción surgió por el caso de un funcionario imputado (Félix Bautista) que ingresó a la administración pública con bienes valorados en RD$547 mil.

“Le entregaron a la Suprema Corte de Justicia certificaciones de la Superintendencia de Bancos que había depositado más de 27 mil millones de pesos y esa Suprema Corte, presidida por un cuadro político de su partido, puso a un juez de instrucción de la misma organización, que luego decidió en una cámara: ‘que no se puede juzgar’”.

Dijo que aunque en el país hay mucha gente honrada, con sentido ético y moral, como sociedad no sirve.
“El servicio judicial, Congreso, alcaldías, todas esas porquerías de órganos sin instituconalidad forman parte de esta sociedad, degradada”, insistió.

Porfirio Hernández recordó que hubo un tiempo, en la gestión del extinto presidente Joaquín Balaguer, que militarizo la Justicia, que había militares serios, pero cuando les llevaban un preso contrario a la ideología, obedecía a la voz militar.

“Pero ahora hay militantes políticos dirigiendo la Justicia y no se había visto eso nunca en la vida… ahora esta corrupción ha acabado con este país”.

No hay independencia

Aunque aclaró que no le gusta analizar ni comparar el caso de la Justicia en la que participó y la actual, Julio Aníbal Suárez dijo que es de los que plantea que en el país no hay una verdadera independencia de Poder Judicial.

“No lo había cuando yo fui juez, pero no porque los gobernantes dirigían la Justicia, no porque los partidos políticos la dirigían, sino porque a nivel de jueces hay temor al (Poder) Ejecutivo. Todavía no ha habido un desprendimiento de los jueces, pero no tanto del Ejecutivo, sino de los sectores poderosos”, reflexionó Suárez.

Citó el expediente de un pasado funcionario del deporte involucrado en un caso de escuelas y el juez instructor dijo: “Cómo vamos a condenarlo, si es una gloria nacional? Esa es la mentalidad que hay a nivel de jueces”.

Añadió que se veía muy frustrado en la Suprema si la Justicia no podía aplicarse a una capa social alta. En su época altos banqueros fueron condenados, pero no se siguió.

Para él, la Justicia, de acuerdo con una ley, debe ser favorecida con 2.63 % del Presupuesto, sin embargo, se desconoció y apenas recibe el 50 % de lo que le corresponde y aunque hubo un movimiento de jueces el presidente de la Suprema lo desautorizó.