Fernando Langa o Justiniano Montero, las dos caras de una moneda en la carrera por la Suprema Corte
Santo Domingo.- La escogencia del próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia parece encaminarse hacia una decisión entre Fernando Langa y Justiniano Montero.
Justiniano Montero Montero es un magistrado formado dentro de la carrera judicial, mientras que Fernando Langa Ferreira es un abogado proveniente del ejercicio privado con más de tres décadas de trayectoria profesional y una prolongada participación en instituciones académicas, empresariales, religiosas y sociales.
No se trata necesariamente de dos concepciones antagónicas sobre la justicia. Es, más bien, una discusión acerca del perfil que debería encabezar la siguiente etapa de la Suprema Corte.
Montero ofrece continuidad y conocimiento desde dentro del sistema. Langa plantea la posibilidad de incorporar a la presidencia la experiencia de alguien que ha observado y utilizado el sistema judicial fundamentalmente desde la posición del abogado litigante y con visión gerencial.
El Consejo Nacional de la Magistratura ya tomó la decisión de confirmarlo como juez de la Suprema Corte por un nuevo período de siete años, junto a Fran Soto, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello y Rafael Vásquez Goico. Quedaron seis vacantes por cubrir.
La candidatura de Langa, mientras tanto, fue formalizada ante el CNM el 15 de septiembre.
Su expediente establece que ejerce en Langa & Asociados desde 1996 y concentra buena parte de su práctica en derecho civil, comercial, corporativo y administrativo. Un dato interesante de su experiencia es que alrededor del 28 % de los procesos judiciales en los que ha participado como abogado llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia.
El argumento del juez de carrera
A favor de Montero gravita el argumento de que la Suprema Corte de Justicia la ocupe un juez de la carrera judicial.
Su trayectoria representa la posibilidad de que la presidencia de la Suprema permanezca en manos de alguien formado dentro del Poder Judicial y conocedor de su funcionamiento, sus tribunales y su cultura institucional.
De ahí que alrededor de su nombre se haya construido la tesis de que la próxima presidencia debería corresponder a un juez de carrera.
Pero existe una precisión constitucional importante.
La Constitución dominicana no establece que el presidente de la Suprema Corte tenga necesariamente que proceder de la carrera judicial.
Por el contrario, al regular la composición del tribunal preserva deliberadamente un espacio para juristas procedentes de fuera de ella (la tercera parte) para que se pudiera incorporar alguien conocedor del derecho y con visión gerencial, ya que gran parte de sus funciones son administrativas.
Por consiguiente, la discusión entre Langa y Montero no puede reducirse jurídicamente a juez de carrera contra abogado privado. Ambos perfiles forman parte del modelo plural que contempla la Constitución.
Langa y un respaldo poco frecuente
La candidatura de Fernando Langa presenta una característica que la diferencia como lo es el inusual respaldo público recibido desde sectores distintos entre sí.
La Cámara de Comercio y Producción de Santiago, la Universidad APEC y el Arzobispado de Santo Domingo remitieron comunicaciones al CNM promoviendo su candidatura. Justicia Sin Fronteras había presentado inicialmente su nombre para integrar la Suprema y ser ponderado para presidirla.
Los argumentos utilizados por esas instituciones coinciden en aspectos como su experiencia profesional, preparación académica, comportamiento ético, prestigio y participación cívica.
La Cámara de Comercio de Santiago destacó sus más de 30 años de ejercicio profesional, así como su reputación de honestidad y transparencia. APEC resaltó su formación académica, trayectoria y conducta ética, mientras el Arzobispado de Santo Domingo puso énfasis en su preparación, experiencia profesional, actividad docente y participación en organismos consultivos.
A esos respaldos institucionales se han sumado pronunciamientos públicos de juristas reconocidos como Milton Ray Guevara y Olivo Rodríguez Huertas.
Langa tiene, además, una vida institucional que ha trascendido el ejercicio de su oficina profesional. En la documentación presentada ante el CNM declaró haber pertenecido al Consejo de Directores de APEC, institución que llegó a dirigir, y actualmente integra su Consejo de Pasados Directores. Es también asesor jurídico del Arzobispado de Santo Domingo y miembro de su Consejo Económico, director del Movimiento de Cursillos de Cristiandad Casa San Pablo, miembro del Consejo de Directores del Banco de Alimentos de Santo Domingo y director de la Fundación Catedral Primada de América.
Los cercanos al presidente Abinader que promueven a Justiniano Montero han utilizado como argumento para descartar a Langa que éste tuvo una relación profesional con un familiar del actual mandatario.
Pero también abre una pregunta institucional sobre si ¿debe una relación profesional anterior convertirse por sí misma en impedimento para un jurista si no existe evidencia de dependencia, conflicto de interés o falta de independencia?
La cuestión resulta especialmente relevante porque la candidatura de Langa no ha surgido del entorno presidencial. Ha recibido apoyos públicos de organizaciones empresariales, académicas, religiosas y jurídicas.
El desafío para el CNM sería, por tanto, evaluar si esos vínculos profesionales representan objetivamente un conflicto o si, por el contrario, excluir a un candidato únicamente por esa circunstancia terminaría convirtiendo una cautela destinada a garantizar independencia en una limitación que la Constitución no establece.
La aritmética interna
La composición del Consejo añade otra dimensión a la decisión.
Actualmente lo integran Luis Abinader, Ricardo de los Santos, Alfredo Pacheco, Omar Fernández, Rafael Tobías Crespo, Luis Henry Molina, Nancy Salcedo y Napoleón Estévez.
En torno a esos ocho votos se desarrolla una dinámica que públicamente resulta difícil de medir.
Fuentes conocedoras de las conversaciones alrededor del proceso describen a Justiniano Montero con simpatías dentro del bloque oficialista, particularmente entre Alfredo Pacheco y Napoleón Estévez, mientras Ricardo de los Santos tendría una valoración favorable de Fernando Langa, aunque mantiene una estrecha relación política e institucional con los demás integrantes de ese sector.
Las mismas fuentes sostienen que una eventual posición explícita del presidente Abinader tendría capacidad para reorganizar esas preferencias.
Del lado de la representación opositora, integrada por Omar Fernández y Rafael Tobías Crespo, existiría una valoración favorable hacia Langa, aunque tampoco se percibe hasta ahora intención de convertir la escogencia del presidente de la Suprema en un enfrentamiento político con el mandatario.
El verdadero dilema de Abinader
Por eso quizás la decisión final sea menos Langa contra Montero que la definición del modelo de liderazgo que el CNM considera conveniente para la siguiente etapa de la justicia dominicana.
Justiniano Montero representa experiencia jurisdiccional, conocimiento interno del Poder Judicial y continuidad institucional.
Fernando Langa representa la incorporación de una mirada procedente del ejercicio profesional privado, acompañada de una trayectoria cívica y de respaldos provenientes de sectores diversos de la sociedad con emperiencia gerencial.
La discusión sobre el "juez de carrera" o del ejercicio privado no tiene ribetes constitucionales, sino que se esgrime como forma de sustentar a un favorito.
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