El Congreso Nacional reunido el Asamblea Revisora de la Constitución de la República tuvo toda la oportunidad del mundo en el año 2009 de resolver los inconvenientes generados a personas nacidas en el territorio dominicano y que son hijas de padres haitianos residentes ilegalmente en el país.
Pues, tal como ha recordado el presidente del Senado de la República, el doctor Reinaldo Pared Pérez, el congreso es el organismo es facultado para dictar leyes atinentes al aspecto migratorio.
Sin embargo, pese a los tantos años y conflictos que se han suscitado entre personas que reclaman la nacionalidad dominicana en la Constitución Dominicana del 26 de enero de 2010 sólo se resolvió el problema a futuro.
Ósea, que en lo adelante queda claramente definido el tema de la nacionalidad para quienes nazcan en el país hijos de padres extranjeros y eso está muy bien porque en 60 años cuando estas generaciones no existan las del 2073 estarán claras de las normas que les son aplicables.
Pero para resolver el problema de los ya nacidos debió aplicarse una especie de amnistía (a través de un artículo transitorio) donde se estableciera un plazo para otorgar la nacionalidad a aquellos que puedan demostrar que nacieron de este lado de la frontera aunque sus padres hayan llegado y permanecido en República Dominicana de manera ilegal.
Con esa salida hoy no hubiese la necesidad de poner el país en riesgo de ser condenado nuevamente en una Corte Interamericana de los Derechos Humanos hostil a nuestro pueblo por presuntas violaciones a convenios internacionales.
Soy de opinión que, en el caso que nos ocupa, el problema de la nacionalidad es un asunto más humano, social y cultural que legal. Paso a explicar el porqué de mi defensa a esta postura.
A una persona como Juliana Deguis Pierre que nació en República Dominicana en 1984, que ha desarrollado toda una vida en este país y sus lazos se unieron más al momento de convertirse en madre ¿cómo decirle ahora que se vaya para Haití porque sus padres eran braceros y agricultores que llegaron al país y se quedaron ilegales? ¿Y qué pasará con sus hijos que se constituyen en una tercera generación en circunstancias simulares?
Legalmente pudiera ser que la Junta Central Electoral y la Dirección de Migración tengan la razón al defender la nuestra nacionalidad pero desde luego que no hay ley humana que justifique esa acción sin afectar social, cultural y sicológicamente el estado emocional de esa u otras personas que viven en iguales circunstancias en el país.
De ahí mi tesis de que correspondió y sigue siendo una responsabilidad quienes han gobernado este país desde siempre el buscarle un bajadero que lleve a la legalidad a todos los nacidos en República Dominicana antes del establecimiento del libro de extranjería de la Junta Central Electora de 2007 y la entrada en vigencia de la actual constitución de 2010.
Si bien el Tribunal Constitucional recomienda al Poder Ejecutivo tomar las previsiones pertinentes el problema seguirá igual sino no se establece una ley de amnistía para aquellos que tienen toda su vida residiendo en la patria de Duarte, Sánchez Mella y Luperón.
