De las 40 cárceles 23 superan el 500 % de su capacidad marcada por la insalubridad, plagas y deficiencias en la alimentación
- La falta de espacio obliga a los presos a dormir en el suelo, sobre cartones e incluso en los baños.
Santo Domingo.- De los 40 centros carcelarios evaluados en República Dominicana por la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), 23 presentan una marcada sobrepoblación, con niveles de ocupación que, en algunos casos, superan el 500 % de su capacidad instalada, reveló Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Comisión de Cárceles de la institución.
Al presentar los hallazgos del Informe sobre las Condiciones de Detención y Prisión 2025, encabezado por el director nacional de la ONDP, Rodolfo Valentín Santos, se precisó que el sistema penitenciario registraba cerca de 25,000 personas privadas de libertad al cierre de ese año. Del total de recintos evaluados, 21 pertenecen al Nuevo Modelo Penitenciario y 19 al sistema tradicional, donde se concentran los mayores niveles de hacinamiento.
Entre los recintos con mayor sobrepoblación figuran los de Pedernales, Santiago Rodríguez, Baní Hombres, Operaciones Especiales, El Seibo, La Vega, Barahona y Neyba, entre otros.
Rodríguez explicó que el documento incluye un diagnóstico individualizado de cada recinto, con el propósito de que las autoridades competentes identifiquen las necesidades particulares y ejecuten medidas correctivas de manera inmediata.
Presos duermen en el suelo, sobre cartones y en baños por falta de espacio
Las condiciones de hacinamiento constituyen uno de los aspectos más críticos documentados por la comisión. De acuerdo con la funcionaria, la falta de espacio obliga a numerosos privados de libertad a improvisar hamacas suspendidas en el aire, conocidas popularmente como «ranas aéreas», o a dormir sobre cartones colocados directamente en el suelo.
En diversos recintos del sistema tradicional, incluso las áreas destinadas a las instalaciones sanitarias y los baños se utilizan durante la noche como espacios improvisados para dormir.
«Sí, esa es la realidad de Latinoamérica, pero República Dominicana quiere cambiar esa realidad y para eso estamos trabajando», expresó Rodríguez al referirse a los hallazgos de las inspecciones.
Deficiencias en la atención médica y la salud mental en las cárceles
El informe pone de manifiesto severas limitaciones en la asistencia médica en los recintos penitenciarios, caracterizadas por la escasez de personal sanitario, medicamentos, equipos e instrumentos básicos.
Durante los levantamientos, la comisión constató que algunas áreas médicas carecen de equipamiento básico, lo que obliga al personal, en ocasiones, a llevar sus propios instrumentos para brindar atención a los internos.
Entre los casos documentados destacan los siguientes: Cárcel de Nagua, ausencia total de camillas en el área médica; cárcel de Neyba, falta de un espacio físico apropiado para realizar consultas médicas; cárcel de La Vega, ubicación de la camilla médica en un área expuesta a condiciones insalubres, por lo que se recomendó su traslado inmediato.
Centros de menores presentan deterioro de equipos odontológicos
En los centros destinados a adolescentes también se identificaron deficiencias, entre ellas el deterioro de los equipos odontológicos.
En cuanto a la atención psiquiátrica, aunque se han habilitado algunas celdas para pacientes con problemas de salud mental, la ONDP advirtió que estas no cuentan con la infraestructura adecuada, el personal especializado ni los psicofármacos necesarios para garantizar la integridad y el trato humano de las personas privadas de libertad.
Insalubridad, plagas y deficiencias en la alimentación penitenciaria
Las inspecciones técnicas documentaron acumulación de aguas negras, proliferación de chinches, áreas sanitarias deficientes y celdas sin ventilación ni iluminación natural adecuadas.
Respecto a los servicios de alimentación, la ONDP indicó que durante 2025 persistieron fallas en la cadena de suministro de productos básicos, como víveres, huevos y leche, lo que afectó la dieta de la población penitenciaria.
Esta escasez obligó a diversos centros a repetir el suministro de arroz tanto en el almuerzo como en la cena, una situación que genera preocupación por el control nutricional de internos con enfermedades crónicas, como la diabetes.
Ante esta situación, la comisión recomendó fortalecer la coordinación con los Comedores Económicos del Estado.
Adicionalmente, se reportaron serias dificultades con la flotilla vehicular destinada al traslado de personas privadas de libertad a las audiencias judiciales y a los centros de salud.
Estas limitaciones obligan, en ocasiones, a los propios agentes a utilizar sus vehículos particulares.
Mujeres privadas de libertad enfrentan deficiencias en las cárceles
Al cierre de 2025, la población penitenciaria femenina ascendía a 371 mujeres, distribuidas en cinco centros. Solo dos pertenecen al Nuevo Modelo Penitenciario: Rafey Mujeres y Najayo Mujeres, donde se destacaron los programas educativos y laborales, así como la disponibilidad de un área infantil en Najayo.
Sin embargo, los recintos tradicionales de Salcedo, Nagua y Samaná presentaron serias deficiencias de infraestructura, falta de separación efectiva entre las áreas masculinas y femeninas, y restricciones en el acceso a servicios ginecológicos y programas de prevención del cáncer de mama y de cuello uterino.
ONDP advierte sobre las condiciones de los centros para adolescentes
En cuanto a los adolescentes en conflicto con la ley penal, que representan el 1.91 % del total considerado en el informe, el documento destacó la necesidad de corregir deficiencias de infraestructura.
Asimismo, se informó que se gestiona el cierre del centro de menores de La Vega debido a las condiciones desfavorables detectadas durante las evaluaciones.
Avances educativos y proceso de cierre de la cárcel de La Victoria
A pesar de los desafíos estructurales, el informe resaltó avances en la oferta educativa dentro del sistema penitenciario. La mayoría de los recintos cuenta con programas de educación básica y secundaria, además de iniciativas universitarias y programas de posgrado.
Asimismo, la ONDP valoró el impacto de la capacitación técnica desarrollada junto al Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), con programas en áreas como agricultura, panadería, huertos orgánicos y elaboración de productos químicos.
En el ámbito institucional, se valoró como un paso significativo el proceso de cierre de la Penitenciaría Nacional de La Victoria y el traslado gradual de sus internos. Este recinto llegó a albergar a más de 8,700 personas en un espacio concebido originalmente para 2,000.
La institución destacó la labor de coordinación desarrollada junto a la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (ONAPREP) y Roberto Santana, mientras se impulsa la construcción de nuevos centros penitenciarios en Cotuí, Bonao y Baní.
No obstante, la ONDP reiteró que la construcción de nuevas cárceles debe ir acompañada de un uso más racional de la prisión preventiva.
Gestionó la entrega de 4,000 colchones y llama a reformar penitenciario
Como medida de mitigación directa, la Defensa Pública gestionó la distribución de 4,000 colchones entre 2024 y 2025, con el objetivo de sustituir el uso de cartones en los centros del sistema tradicional.
Al concluir la presentación del informe, Elizabeth Rodríguez reiteró la urgencia de adoptar las recomendaciones formuladas para consolidar un sistema penitenciario digno y respetuoso de los derechos humanos.
“Confiamos en que las recomendaciones formuladas en este informe contribuyan verdaderamente con lo que aspiramos como Defensa Pública: un sistema modelo para Latinoamérica”, expresó Rodríguez.
La presentación del Informe sobre las Condiciones de Detención y Prisión 2025 se realizó en el auditorio de la Suprema Corte de Justicia, con la participación de diplomáticos, representantes del sistema de justicia, profesionales del ámbito jurídico y otras personalidades.
El documento fue presentado por el director de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), Rodolfo Valentín Santos, con el propósito de contribuir a la identificación de los principales problemas que afectan a las cárceles dominicanas y promover la participación coordinada de las instituciones responsables de garantizar condiciones de reclusión dignas, el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de la legislación penitenciaria.
La ONDP sostiene que mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad requiere acciones coordinadas, una aplicación efectiva de las leyes y políticas públicas orientadas a reducir el hacinamiento, fortalecer la atención médica y psiquiátrica, y garantizar oportunidades de rehabilitación y reinserción social.
Sobre el autor
Periodista y abogada con amplia experiencia cubriendo la fuente de Justicia.
