Santo Domingo.- El problema en los centros penitenciarios del país radica que las políticas públicas que el Estado plantea del respeto a los derecho humanos, en la práctica no las realiza.

Según un informe de las “Condiciones de detención y de prisión 2021” que realizó la Defensoría Pública, se reveló esa debilidad tras el levantamiento en las 27 cárceles del nuevo modelo y las 19 del sistema tradicional, siendo en estas últimas donde se encontró una serie de precariedades.

El Estado es responsable de los que se encuentran bajo sujeción, puesto que es el garante de los derechos humanos.

El hacinamiento en el sistema carcelario tradicional no permite que los internos puedan reinsertarse a la sociedad, ya que ese problema impide que los programas de educación se puedan ejecutar e incluir a todos los reos, violentado, a su vez, sus derechos fundamentales.

El director de la Defensoría Pública, Rodolfo Valentín, pidió el cierre de las cárceles de La Vega de menores y las de mujeres ubicadas en Nagua, Samaná, Salcedo, Montecristi, por no poseer las condiciones para alojar privados de libertad, y que sean trasladados a otros centros.

De no acoger su petición, Valentín advirtió que interpondrá un recurso de amparo para que sea clausurados esos centros, como ocurrió con la carcelita de Bella Colina.

Recomendación

— Sistema
El informe establece que las autoridades deben canalizar la construcción de nuevas estructuras en lugares donde existe hacinamiento, y donde existen nuevas construcciones terminalas y lograr sus equipamientos.