Santo Domingo.- La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) anunció su respaldo al proyecto de ley que propone ampliar a 24 meses la entrada en vigencia del régimen de responsabilidad penal para personas jurídicas, contemplado en el nuevo Código Penal y depositado en el Senado de la República por el legislador Rafael Barón Duluc Rijo.
El gremio empresarial argumenta que la iniciativa acoge una de sus principales advertencias presentadas desde 2025: las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) requieren una regulación diferenciada y proporcional, ya que el plazo de adecuación de solo tres meses, fijado para vencer este próximo 5 de noviembre, resulta insuficiente para asumir de forma efectiva los costos y exigencias del nuevo estándar de cumplimiento.
Llamado a programas de formación y reglas claras
La directiva de ANJE, presidida por Boris De León Reyes, exhortó a las instituciones del sistema de justicia y al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) a desarrollar modelos de cumplimiento y programas de formación adecuados a la actividad, tamaño y nivel de riesgo de cada empresa. La solicitud se centra en los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Ley núm. 44-26, cuya entrada en vigencia está pautada para el 5 de noviembre del presente año.
“Las empresas dominicanas no buscan evadir este nuevo régimen: queremos cumplirlo, pero hacerlo con más certeza jurídica. La norma penal debe ser precisa e inequívoca, y su aplicación exige reglas claras, proporcionalidad y un tiempo razonable de preparación. Este proyecto es la oportunidad de hacerlo correctamente, y desde ANJE lo apoyamos con convicción”, afirmó Boris De León Reyes, presidente de la entidad.
Petición al Congreso Nacional
ANJE instó al Congreso Nacional a priorizar el debate y aprobación de esta iniciativa antes del vencimiento del periodo de vacatio legis establecido por la Ley núm. 44-26, con el fin de evitar un incumplimiento generalizado en el sector productivo.
Asimismo, sugirió aprovechar el periodo de prórroga para abrir un diálogo intersectorial que permita realizar los ajustes normativos orientados a garantizar mayor seguridad jurídica y una implementación ordenada del régimen penal corporativo.