Carlos Salcedo pide justificar postergación de entrada en vigencia artículos Código Penal que vinculan a empresas
- El jurista considera que el aplazamiento debe sustentarse en necesidades institucionales concretas y garantizar el derecho de defensa y la seguridad jurídica de las empresas
Santo Domingo. – El abogado Carlos Salcedo consideró admisible y necesaria la propuesta de aplazar la entrada en vigencia de las disposiciones del nuevo Código Penal que establecen la responsabilidad penal de las empresas, aunque advirtió que la extensión del plazo debe responder a necesidades institucionales concretas y garantizar el derecho de defensa y la seguridad jurídica.
El jurista reaccionó así a la solicitud del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), que pidió al Congreso Nacional agilizar la aprobación del proyecto de ley que busca posponer por dos años la aplicación de las disposiciones que permiten sancionar penalmente a las empresas por fallas en sus mecanismos de organización, dirección, control y supervisión.
Salcedo explicó que la prórroga resulta razonable tomando en consideración que no todas las empresas dominicanas disponen de las mismas capacidades económicas y organizativas para adaptarse a las exigencias de la nueva legislación.
“La prórroga del plazo para la entrada en vigor de las normas que sancionan a las empresas por defectos de organización, dirección, control o fiscalización es admisible, siempre que el periodo concedido sea razonable y esté debidamente justificado”, manifestó.
A su juicio, uno de los principales desafíos está en las micro, pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales podrían enfrentar dificultades para contratar personal especializado, establecer mecanismos de prevención y adecuar sus estructuras internas a las nuevas responsabilidades penales.
En ese sentido, sostuvo que el Estado tiene la responsabilidad de establecer mecanismos institucionales que permitan garantizar el derecho de defensa de aquellas organizaciones que no cuentan con los recursos económicos necesarios para afrontar las exigencias de la normativa.
Al mismo tiempo, entiende que las empresas con capacidad para asumir esos costos deben disponer de un periodo razonable que les permita realizar las adecuaciones correspondientes.
Pide identificar necesidades
Para Salcedo, la discusión legislativa no debe limitarse a establecer una nueva fecha para la aplicación de las sanciones, sino que debe partir de una evaluación de los problemas que enfrenta el sector empresarial y de las condiciones institucionales necesarias para implementar el régimen de responsabilidad penal.
Explicó que se trata de una de las reformas más importantes introducidas por el nuevo Código Penal, debido a que incorpora responsabilidades para las personas jurídicas por incumplimientos relacionados con sus deberes de prevención, organización, dirección, control y fiscalización.
Por esa razón, considera que los legisladores deben identificar cuáles son las adecuaciones pendientes y determinar el tiempo que realmente necesitan las empresas para cumplir con las nuevas obligaciones.
“La prórroga es aceptable y necesaria, pero debe sustentarse en una justificación institucional adecuada, en la tutela del derecho de defensa y en la garantía de seguridad jurídica para las empresas”, puntualizó.
Recordó que, aunque el sector empresarial ha sido advertido sobre los cambios introducidos en la legislación, eso no significa que todas las organizaciones estén preparadas para asumirlos.
Las adecuaciones, explicó, pueden requerir la contratación de personal, la inversión de mayores recursos y la modificación de los protocolos internos de funcionamiento.
Proyecto pendiente en Diputados
Las declaraciones de Salcedo se producen cuando restan apenas tres días para el 5 de noviembre, fecha prevista para la entrada en vigencia de los artículos 8, 9, 10 y 11 del Código Penal, relacionados con la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
El proyecto que busca extender ese plazo hasta noviembre de 2028 fue aprobado de urgencia por el Senado el pasado 21 de octubre y se encuentra pendiente de conocimiento en la Cámara de Diputados.
La iniciativa modifica el artículo 31 de la Ley 44-26, que introdujo cambios al nuevo Código Penal, establecido mediante la Ley 74-25.
El CONEP ha solicitado a los presidentes de ambas cámaras legislativas, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, completar el procedimiento antes del vencimiento del plazo, bajo el argumento de que las empresas necesitan tiempo adicional para adaptar sus estructuras y mecanismos de prevención.
Salcedo coincide en la necesidad de conceder ese periodo de preparación, pero insiste en que la extensión debe estar sustentada en razones verificables y en la identificación de las necesidades institucionales que deberán resolverse.
Su posición es que el aplazamiento debe servir para crear las condiciones que permitan aplicar correctamente el nuevo régimen penal, garantizando tanto el cumplimiento de la legislación como los derechos de las empresas que estarán sujetas an ella.
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