Lunes, 15 de octubre, 2018 | 10:11 pm

Tensiones de la justicia democrática



Uno de los secretos peor guardados de la democracia constitucional es que los elementos que la componen están en constante e inevitable conflicto.

La democracia no es un sistema en el que se toman las decisiones correctas, sino las queridas por la mayoría. De su lado, un Estado de derecho se basa en la obediencia a las reglas, incluso cuando estas brindan resultados que pueden parecer injustos a esa mayoría.

Como puede verse, el espíritu de la democracia y la forma de hacer las cosas en los Estados de derecho pueden entrar en conflicto con suma facilidad.

No obstante lo anterior, la tensión entre democracia y Estado de derecho produce mejores resultados que ningún otro tipo de gobierno conocido, pero sólo si se le deja actuar.

Lo anterior viene a cuento porque esta tensión no solo se manifiesta en las decisiones políticas, sino también en las jurisdiccionales.

En buen español, los procesos judiciales están también sometidos a esta dinámica, algo que los ciudadanos debemos aceptar.

Es claro que las decisiones y razonamientos de los tribunales están sujetos a críticas, razón por la cual los jueces están obligados a motivar sus decisiones. Un sistema de justicia que no soluciona conflictos sociales es un lastre y no una ayuda a la democracia.

Pero existe una diferencia importante entre criticar las decisiones de los tribunales y criticar las reglas básicas del Estado de derecho.

Una cosa es debatir las razones por las que un juez aplica de tal o cual forma una norma o un razonamiento, y otra, muy distinta, es querer que los jueces ignoren las reglas del debido proceso con el objetivo de lograr una condena en un caso específico.

Es cierto que nuestro sistema de justicia ha perdido la confianza de la ciudadanía, y que parte de las reprobaciones que recibe son válidas. Pero señalarle sus deficiencias no debe ser confundido con promover que mude la inoperancia por la arbitrariedad.

La única justicia que nos servirá como ciudadanos es la que respete los límites y reglas que la democracia constitucional impone a los sistemas de justicia. Todo lo demás es ganancia a corto plazo con un precio futuro incalculable.

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