El ajusticiamiento de Trujillo marcó el inicio de un cambio de paradigma social, institucional, político y cultural. A 57 años del tiranicidio se sigue promoviendo el Estado de derecho, su expansión y consolidación, la democracia y la optimización de las instituciones.

Esto para que los poderes públicos generen estabilidad económica, desarrollo, seguridad, igualdad y goce de los derechos colectivos e individuales como forma de mejorar la calidad de vida humana.

El paso del autoritarismo a la libertad de expresión, de reunión y de manifestaciones abrió las puertas al imperio de la ley y las garantías sociales y libertades fundamentales, al amparo de un sistema judicial independiente, dotado de jueces imparciales, capaces de detener el poder desmedido y concentrado, garantes de los derechos ciudadanos y con altos estándares de eficiencia y calidad institucional.

El desarrollo y el progreso nacional no son inevitables en las circunstancias actuales del país. Debe ser una meta estratégica en la que participen todos los sectores de la sociedad y los poderes del Estado, identificando la raíz de los problemas y las mejores soluciones posibles tomando en cuenta los intereses legítimos del pueblo dominicano.

Para Thomas Pain es difícil una reconciliación real y la recuperación de la confianza ciudadana en el sistema judicial cuando las heridas siguen siendo tan profundas y las promesas de mejoramiento en muchos casos poco creíbles.

No es imposible; pero un pueblo que ha luchado tanto y lo seguirá haciendo merece políticas reorientadas al beneficio de los usuarios del Poder Judicial.

Es tiempo de repensar el concepto de justicia y el monopolio de esta en manos del Estado. Y es que el ciudadano –no el juez, ni el fiscal, ni los abogados, que deben tener garantías institucionales de su dignidad-debe ser el centro de la experiencia de entrar, permanecer y salir del sistema público de resolución de conflictos.

Es la única manera de que los beneficios de una justicia oportuna, moderna y de calidad sean mayores que otras vías que nos llevarían a retrocesos e inseguridad y podrían desvirtuar el espíritu constitucional y democrático de las leyes que deben respetar los ciudadanos y hacer cumplir los servidores públicos.