SANTO DOMINGO.-La Fundación justicia y Transparencia (FJT) lamentó la visión de la clase política dominicana, al considerar sus intereses particulares por encima de los  colectivos de las grandes mayorías del pueblo dominicano, evidenciada –según dijo- en los acuerdos de aposento que laceran y despojan a los ciudadanos dominicanos de derechos fundamentales, protegidos incluso por tratados y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos.  

El presidente de la FJT, Trajano Vidal Potentini, indicó que con el referido acuerdo el PLD y el PRD se ponen de espalda al pueblo, limitando sus derechos  y tirando por la borda la posibilidad de un verdadero estado social y de derecho, aspirado y prometido a los dominicanos en esta nueva constitución.

En ese sentido expresó su  rechazo a los cambios propuestos y “consensuados” por Miguel Vargas y Leonel Fernández al proyecto de reforma constitucional específicamente lo que tiene que ver con el Tribunal Constitucional, pues a su juicio, en el mismo se descartan importantes actores con calidad para ejercer la acción directa de inconstitucionalidad como lo son los presidentes de las cámaras legislativas, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia y el Defensor del Pueblo.

Además, acotó, se suprimen las acciones de amparo contra las decisiones jurisdiccionales que vulneren derechos fundamentales, así como de la revisión de las decisiones dictadas en única o última instancia en materia de habeas corpus, habeas data o amparo, a solicitud de parte interesada; y de los recursos extraordinarios en interés de la Constitución contra las decisiones judiciales dictadas en única o última instancia que declaren la inconstitucionalidad de una norma o acto.

Dijo que con esto se estaría reduciendo el tribunal constitucional a una jurisdicción inoperante y sin funciones que en modo alguno justifican su creación.

Y agrega que aceptar que este anhelado instrumento de control de los poderes públicos quede reducido a simples funciones que limitan significativamente su verdadero ámbito de competencia y que además no establece quiénes tienen calidad para accionar ante el mismo, es hacerse cómplice por omisión del irrespeto a las aspiraciones más sentidas y democráticas del pueblo dominicano.

Sobre el Congreso Nacional resalta que el acuerdo entre Vargas-Leonel cercena de manera significativa las atribuciones de control y fiscalización de las cámaras legislativas, al suprimir importantes facultades congresuales como son: el sometimiento de las ternas de la Cámara de Cuentas por parte de la Cámara de Diputados y su elección por parte del senado, además se le suprime al Senado la facultad de autorizar el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional y la salida de tropas nacionales en misiones de paz.

Otras importantes funciones que se le suprimen al Congreso, son las que se refieren a las consecuencias que acarrea para los funcionarios públicos sus faltas a las citaciones que éste les haga, así como en los casos de interpelaciones que satisficieran las expectativas de los legisladores, señaló.

Sobre el Ministerio Publico, dijo que mediante el referido acuerdo se le vuelve a asignar categoría constitucional al Ministerio Publico para que defina y dirija la política penitenciaria, cuando la tendencia internacional es a independizar esta función para evitar el conflicto de roles que ha padecido este actor del sistema de administración de justicia al perseguir condena contra el infractor y luego administrar su reclusión.

Además, se le restituye al Poder Ejecutivo la facultad de designar libremente a los miembros del Ministerio Publico en los niveles de Procuradores de Corte, Adjuntos del Procurador General de la República y Procuradores Fiscales ante los Tribunales de Primera Instancia. Con esta acción se retrocede a situaciones superadas por la Ley 78-03 sobre la independencia del Ministerio Publico, mediante la cual el Poder Ejecutivo solo puede designar a sus miembros a partir de ternas presentadas por el Consejo de Procuradores.

De igual forma, advirtió Potentini, se elimina el importante aporte de la Comisión de Auditoría y Verificación que planteo el requerimiento de convocatoria a referendo para refrendar y aprobar  la ratificación de acuerdos de integración económica con otros países o bloques de países.

Entre otras consideraciones llama la atención con especial interés,  ante la eventual creación de la jurisdicción constitucional la no participación en el Consejo Nacional de la Magistratura en calidad miembro del presidente  del Tribunal Constitucional, en contraste con la inclusión en este importe órgano político del Procurador General de la República en un claro desbalance en la toma de decisiones, que se supone deberán estar al margen de la injerencia política.

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) apela al civismo, sentido patriótico y rol histórico que en este momento juegan los asambleísta en la alta misión de servir al país un instrumento constitucional que albergue y cobijé el necesario transito de una democracia representativa a una democracia participativa, dejando de lado sus intereses particulares, legislando en beneficio de la colectividad dominicana.

Trajano Potentini dijo que estarán vigilantes ante los acontecimientos y curso de la reforma constitucional y de ser necesario atacaremos por la vía constitucional  ante la Suprema Corte de Justicia cualquier artículo o párrafo contrario y violatorio a Derechos Fundamentales y de ser necesario también acudiremos por ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.