Hay factores estructurales que explican la pobreza de las clases trabajadoras dominicanas. Diversos estudios realizados por entidades como el BID, el Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalan que el modelo de desarrollo que ha predominado en el país ni produce suficiente empleo formal ni tampoco garantiza que la mayoría del empleo generado, formal e informal, retribuya con “salarios decentes” a quienes aportan la mano de obra en el proceso productivo.

Hay cambios en el modelo económico que deben ser realizados cuanto antes para generar más empleo, incrementar la productividad y los salarios. Pero también hay cambios institucionales imprescindibles.

El rol del Estado como regulador y estimulador del mercado laboral ha sido cumplido de forma insuficiente. La función de regulador del mercado laboral no puede ser vista con la misma lógica que la intervención estatal en otros ámbitos.

Se requiere de algo más: las relaciones entre empleadores y trabajadores en una economía que crea insuficientes puestos de trabajo son muy asimétricas. Gran parte del rol del Estado y del marco legal e institucional que regula el mercado de trabajo debe ser propiciar equilibrio, reducir la asimetría.

Esto se logra tanto por la vía de la protección de los derechos laborales como por la de proveer los bienes y servicios colectivos que contribuyan a reducir la pobreza y la vulnerabilidad de los trabajadores. Pero también mediante el fomento de la organización laboral, del empoderamiento de los estamentos que constituyen las clases trabajadoras.

Quizás sea hora de que tomemos la palabra al visionario empresario dominicano que reveló la relación entre organización laboral y pobreza y coloquemos en la agenda pública el incentivo, fomento y garantía de la organización de los sectores laborales.

Las democracias fuertes de occidente tienen ésta entre sus características más notables e importantes.