Santo Domingo.-  Dentro de los proyectos adjudicados a la empresa Odebrecht en nuestro país, la Termoeléctrica Punta Catalina es el de mayor envergadura, tanto por la magnitud de la inversión pública envuelta en el mismo, como por el significado político que le ha asignado el presente Gobierno, en cuanto a su eventual y publicitada contribución a la solución del sempiterno problema eléctrico del país.

Así lo establece un documento presentado esta tarde por Participación Ciudadana titulado “Odebrecht-Punta Catalina: Más Corrupción Impune”, en el que señala  que “no obstante, el Procurador General de la República decidió dejar el  proyecto Punta Catalina fuera del expediente acusatorio por el caso Odebrecht, a pesar de haberlo  mencionado en su solicitud de medidas de coerción, como uno de los casos en que hubo corrupción;  de tal manera, que ninguno de los imputados en la medida de coerción guarda relación con este proyecto, lo cual es una primera indicación de que se pretende repetir, en este caso de confeso delito, el encubrimiento y la protección de la corrupción, que ha sido hasta ahora la norma en la actuación del sistema judicial dominicano”

El documento fue  elaborado con el fin de resumir en forma de preguntas y respuestas sencillas los contenidos fundamentales de las denuncias judiciales y periodísticas relacionadas con el caso.

Asimismo, la organización de la sociedad civil busca el entendimiento, la comprensión sobre el  sistema de corrupción instalado en el país y los riesgos de que la impunidad prevalezca, si la ciudadanía no continua su justo reclamo.

La presentación del documento estuvo a cargo de Alfonso Abreu,  quien al leerlo expresó que en el  país, la corrupción administrativa es consubstancial al ejercicio del poder y que sus actores gozan de total impunidad.

“Confiamos en que esta publicación sirva para una mejor comprensión ciudadana sobre este escandaloso caso de corrupción nacional e internacional”, sostuvo.

La publicación consta de 129 preguntas con sus respectivas respuestas, fundamentadas en documentos que contienen acuerdos y “delaciones premiadas” de varios ejecutivos de Odebrecht ante los órganos judiciales de Brasil y de los Estados Unidos de América.

De igual modo, han servido de base las denuncias presentadas por organizaciones de la sociedad civil y algunas personas individuales, en las cuales se solicita al ministerio público dominicano que las investigaciones sobre este gravísimo caso sean completadas y ampliadas para incluir el ilícito de la sobrevaluación y el de financiamiento de campaña electoral, así como hacia otros eventuales involucrados, incluyendo al actual presidente de la República, Danilo Medina, y a los expresidentes Leonel Fernández e Hipólito Mejía.

Participación Ciudadana  señaló que el contenido del documento sólo abarca los elementos esenciales de lo acontecido con el caso Odebrecht hasta diciembre de 2017; «al tratarse de un expediente en curso, faltan muchos eventos por conocerse, como lo será el referente a las personas o entidades que serán definitivamente acusadas por la PGR, al vencerse el plazo otorgado por el Juez de Instrucción Especial para que el ministerio público completara la investigación y presentara acusación».

La presentación de este informe tuvo lugar en el Hotel Sheraton, donde se contó con la asistencia de más 100 personas, entre ellos invitados especiales como la abogada Soledad García Muñoz, Relatora Especial Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien dijo que la corrupción está estrechamente relacionada con la grave violación de los derechos humanos y a la invisibilidad de los mismos.

“Combatir y erradicar la corrupción no es solamente pensar en la lucha contra la impunidad, es también darnos cuenta, a nivel de ciudadanía, de cual es el impacto que tiene la corrupción es nuestro día a día», expresó.