Europa está llena de episodios lamentables protagonizados por el rechazo de sus países a los inmigrantes de países pobres de alrededor, especialmente de África.

El mas reciente ocurrió en España, pero la comunidad internacional no ha sometido a su gobierno al nivel de cuestionamiento que tiene el nuestro por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.

¿Por qué no se ve España acusada, como República Dominicana?

España lleva un registro bastante organizado de inmigrantes, gente que ha entrado a su territorio bajo reglas muy claras, permanentes y firmes. La forma como se obtiene la nacionalidad española nunca ha estado en discusión; una vez obtenida, no existen casos de retiro de la misma por vía judicial y mucho menos administrativa.

Allá no juegan con la identidad jurídica, y esa es la diferencia.
Cuando Juliana Deguis Pierre nació sus padres la declararon a partir de unas fichas del CEA, únicos papeles de identidad con que fueron traídos aquí como braceros. Juliana nunca ha tenido “la impresión” de ser dominicana; un acta oficial del Registro Civil así lo consigna desde que nació.

Gran diferencia. Mientras en España los temas de inmigración son de inmigración, aquí se complican con una larga historia de tráfico humano sin retorno. A Trujillo le salía más caro repatriar a los braceros haitianos y volver a contratar en la próxima zafra que mantenerlos disponibles en el territorio, así que optó por lo más barato.
¿Cómo explicar al mundo haber tenido durante décadas inmigrantes viviendo en nuestro territorio bajo estatus de tránsito? ¿Cómo explicar que cuatro o cinco generaciones, desde 1929, pudieran tener papeles auténticos expedidos por el Registro Civil sin haber tenido derecho para ello?
España no tiene esos apuros cuando dirime episodios de control migratorio.
Por más que el gobierno dominicano ha tratado de convencer en los foros internacionales de que la discusión alrededor de la sentencia 168-13 es la inmigración pura y simple, la irretroactividad -figura inaceptable desde el punto de vista jurídico- hace la gran diferencia.

Queremos convencer al mundo de que estamos discutiendo nuestro derecho a fijar reglas, cuando en realidad, habiendo tenido ese derecho siempre, nuestros gobiernos eligieron no usarlo y en cambio favorecer el negocio del azúcar, con el pretexto de que era el principal sustento nacional.
Ahora tenemos hijos, nietos y bisnietos de braceros nacidos aquí con una nacionalidad suspendida. He ahí la diferencia; España no tiene un problema así.