SANTO DOMINGO.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) denunció este miércoles que el Fondo para Asuntos Sociales (Barrilito), creado mediante resolución del Congreso Nacional, viola la Constitución y la Ley Orgánica de Presupuesto del Sector Público.
Trajano Potentini, presidente de la entidad, explicó que la Constitución de la República es clara respecto a que es nula toda erogación de fondos públicos realizada sin una ley que la regule, como dispone el Art. 236 del más reciente texto constitucional dominicano, y además es necesario que se identifiquen las fuentes que engendran obligaciones pecuniarias a cargo del Estado.
Potentini refirió que, según el principio de universalidad creado por el Art. 11 de la Ley Orgánica de Presupuesto del Sector Publico, No. 423-06, el sistema presupuestario abarca a todas las instituciones del sector público y exige que todos los recursos y gastos deban ser estimados con la mayor exactitud y acuciosidad posible, y que deberán ser gastados exclusivamente en los objetivos establecidos en el presupuesto.
Sin embargo, agregó, el llamado barrilito no es creado por ley sino por una resolución, lo que equivale a disponer de fondos públicos en franca y abierta violación de la regla constitucional.
Entiende que el barrilito es un programa inconstitucional e ilegal y además, una muestra de deslealtad y trato discriminatorio entre los contendientes a cargos electivos, y por tanto una retranca para la participación política igualitaria.
No existe ninguna razón válida para que se permita, mediante simples resoluciones, el dispendio de los fondos públicos y su utilización incontrolada en las áreas que los senadores multipliquen incesantemente, sostuvo Potentini.
El barrilito consiste en una asignación de 900 mil pesos (unos 25,000 dólares) mensuales girados a la cuenta oficial del Senado y que deberán ser auditados y liquidados cada mes previo a nueva reposición.
