Santo Domingo.-La posición de Danilo Medina de ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional que esclarece los principios para conceder la nacionalidad dominicana y ejecutar un Plan Nacional de Regularización de extranjeros ilegales, respetando los derechos humanos de los afectados, ha recabado el reconocimiento de los principales organismos internacionales, tales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Las tres entidades, entre las que están las dos de mayor peso mundial, han manifestado oficialmente que República Dominicana tiene el derecho soberano de establecer su propia política migratoria y establecer los requisitos para la adquisición de la nacionalidad dominicana.

A seguida han asumido el discurso del presidente Danilo Medina y de las instituciones nacionales de que el respeto a los derechos fundamentales acompañará la ejecución de esas políticas.

“La Unión Europea reconoce el derecho soberano de República Dominicana de determinar sus políticas sobre nacionalidad e inmigración”, manifestó ayer la Alta Representante de Política Exterior de la Unión Europea, Catherine Ashton, mediante un comunicado.

En ese mismo sentido se ha pronunciado en varias ocasiones el representante de las Naciones Unidas en el país, Lorenzo Jiménez de Luis.

Durante una reciente intervención en el Almuerzo del Grupo Corripio, Jiménez de Luis elogió el plan de regularización anunciado por el Gobierno dominicano y manifestó que será apoyado por el organismo que representa.

En tanto que en la declaración final de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) se incluyó en el primer párrafo el respeto a la autodeterminación de los pueblos y se criticó el injerencismo, en concordancia con lo que previamente había planteado en ese mismo foro el presidente Medina cuando recriminó al premier de San Vicente y Granadinas, Ralph Gonsalves, quien previamente había lanzado ácidas críticas a República Dominicana por la sentencia del Tribunal Constitucional.

“Reiteramos que nuestra Comunidad se asienta en el respeto irrestricto a los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, la solución pacífica de controversias, la prohibición del uso y de la amenaza del uso de la fuerza, el respeto a la autodeterminación, a la soberanía, la integridad territorial, la no injerencia en los asuntos internos de cada país…”, indica la declaración final.

En cada caso se hace referencia a un planteamiento que desde el primer momento han hecho las autoridades dominicanas: que las decisiones se apliquen respetando los derechos humanos.

Esa misma pauta adoptó el gobierno haitiano en la primera reunión realizada en Juana Méndez, Haití, por las Comisiones de alto nivel de los dos gobiernos para tratar asuntos bilaterales.

Haití reconoció que el gobierno dominicano tiene soberanía en la implementación de sus políticas migratorias y reglas para conceder la soberanía, resaltando que el gobierno dominicano le reiteró su garantía de que no se violarán los derechos humanos de los afectados por la sentencia y que se impulsará una ley de naturalización que permita obtener la nacionalidad dominicana mediante ese mecanismo a los hijos de extranjeros ilegales nacidos en territorio nacional.

Al término de la reunión similar realizada el lunes en Jimaní, el primer ministro haitiano, Laurent Lamothe, anunció que la representación del gobierno dominicano le comunicó que el 27 de febrero sería sometido el proyecto de ley de naturalización, lo cual calificó como una acción concreta en procura de garantizar derechos fundamentales de los afectados por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.

Unión Europea ofrece apoyar diálogo

La Unión Europea valoró el diálogo binacional entre Haití y República Dominicana y manifestó su disposición de apoyar el proceso en lo relativo a los temas comerciales, aduanales, seguridad, lucha contra el narcotráfico, gestión fronteriza, inmigración y protección ambiental.

Celebra “el compromiso asumido por República Dominicana en el primer Diálogo Binacional de Alto Nivel a fin de adoptar medidas concretas para salvaguardar los derechos básicos de las personas de ascendencia haitiana”.