Santo Domingo.-La Cámara de Diputados aprobó ayer en primera lectura el proyecto de ley que crea el nuevo Código de Procedimiento Civil en la República Dominicana, mediante el cual se derogan unas 27 leyes.
Previo a la presentación del informe de 112 páginas, el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, recomendó al pleno que la pieza fuera aprobada en primera lectura y que el próximo martes lo hicieran en segunda, para que los legisladores tengan un mayor tiempo para el estudio de la iniciativa.

En ese sentido, valoró el trabajo que ha hecho la Comisión Especial, donde fueron escuchados los sectores que quisieron opinar sobre la ley.

Al motivar a sus colegas para que dieran el voto favorable, el presidente de la Comisión Especial, el diputado Hugo Núñez, dijo que el trabajo se inició con la ola de las modificaciones de los códigos a través del decreto 104-97.

Núñez explicó que el Código de Procedimiento Civil vigente cumple 131 años de vigencia, rigiendo los procedimientos de las controversias, buscando la forma de que las mismas se resolvieran de manera pacífica y con la garantía de un Estado democrático, social y de derecho.

Novedades

En la pieza se crean los principios fundamentales que regirán las partes que participarán en el proceso.

En la iniciativa se estableció de manera precisa el procedimiento en materia de cooperación comercial internacional y se estableció la obligación civil de los jueces cuando no apliquen la justicia sin ninguna justificación.

También el nuevo Código de Procedimiento Civil crea la competencia para poder conocer de esa demanda y se incluyó y reglamentó la conciliación de los mismos dentro del procedimiento y se sustituyó la cuantía en cantidad fría por el sueldo mínimo del sector privado.

Además, habla de la introducción del recurso de Interpretación de Sentencia, con el objetivo de que el juez que pronunciara la misma tuviera la oportunidad de corregir cualquier error y cualquier fallo que tuviera en la misma.

Asimismo, la nueva normativa elimina la posibilidad de que los jueces pudieran demandar en daños y perjuicios en aquellos casos en que fueran recusados por una de las partes y esta no prosperara.