El escándalo por los US$92 millones pagados por Odebrecht para sobornar funcionarios dominicanos fue desembrollado gracias en parte a que la utilización de bancos estadounidenses y la planificación del ilícito en territorio gringo permitió a autoridades americanas invocar jurisdicción en el caso.

Estados Unidos posee legislación prohibiendo a sus empresas incurrir en prácticas corruptas en sus negocios extranjeros.

Las transacciones bancarias y el pago o evasión de impuestos ofrecen casi siempre las mejores evidencias forenses, para descifrar misterios contables diseñados para ocultar vagabunderías.

Todo lo cual obliga a preguntarse, ¿están los fiscales dominicanos que investigan el caso escudriñando los rastros contables, bancarios e impositivos de los famosos US$92 millones? Porque seguir el rastro del dinero no se trata de física cuántica ni requiere destrezas extraordinarias.

Pero si fuesen a invocar dificultades, para escamotear la Justicia que la nación merece aunque pocos la exijan, el tribunal federal de Brooklyn, la propia confesión de Odebrecht y las plumas de las gallinas robadas bastan para comenzar. Aunque será doloroso y traumático, ¡aprovechemos esta oportunidad!