Bototá.-Frente a los mejores restaurantes de Bogotá a menudo hay vehículos utilitarios deportivos blindados y guardaespaldas armados de pie vistiendo trajes oscuros, mientras los legisladores, ministros y jueces a quienes custodian comen en los establecimientos.
Esta característica de la vida en Colombia pronto será menos habitual si el Gobierno se impone.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, busca recortes de 50 por ciento en las escoltas de seguridad de funcionarios de gobierno tras el acuerdo de paz alcanzado el año pasado con los guerrilleros marxistas.
Los insurgentes “van a entregar sus armas este año, por lo que es razonable para mí que los funcionarios del Gobierno no necesitemos tanta seguridad como antes”, dijo Cárdenas el miércoles en una entrevista en la oficina de Bloomberg en Nueva York.
Es una primera entrega de un dividendo de la paz después que el Gobierno firmara el acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dando fin así a medio siglo de conflicto con el mayor grupo guerrillero de América Latina.
Surge en momentos en que el gobierno busca eliminar derroches donde pueda, después que los ingresos menguantes por el petróleo dejaran un gran hueco en sus cuentas. Cárdenas dijo que los recortes de seguridad, como su decisión de volar en clase económica en vez de hacerlo en clase ejecutiva, procuran comunicar que Colombia ha entrado en una era de austeridad.
En el apogeo de la violencia de los cárteles de droga en la década de los ochenta y comienzos de la década de los noventa, cuatro candidatos presidenciales fueron asesinados, así como también un ministro de Justicia, un destacado editor de diarios y otras figuras reconocidas.
Después que Pablo Escobar, líder de uno de los carteles, fuera muerto a tiros en el techo de una casa en Medellín, la violencia contra figuras políticas se volvió menos común, y Cárdenas y otros han concluido que las sumas gastadas en la protección de autoridades ahora son desproporcionadas con respecto a la amenaza que encaran.
Resentimiento
La Unidad Nacional de Protección de Colombia custodia alrededor de 6.500 colombianos, entre ellos líderes sindicales, activistas políticos y periodistas, y los 268 miembros del Congreso.
El año pasado, esto costó alrededor de US$150 millones, de los cuales aproximadamente US$45 millones fueron destinados a la protección de funcionarios públicos.
La Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación tienen sus propios programas paralelos de protección.
Los miembros del Congreso tienen más de 500 vehículos blindados asignados a ellos. Cárdenas dijo que sus propuestas de recorte solamente valdrían para funcionarios del Gobierno.
Amenaza continúa
Si bien han mermado los ataques contra figuras públicas, la amenaza no ha desaparecido. En 2012, un sicario colocó un artefacto explosivo en el vehículo del ex ministro del Interior y Justicia Fernando Londoño mientras estaba detenido en un semáforo.
Londoño atribuyó a las FARC el ataque, que causó la muerte del conductor y un guardaespaldas.
En 2005, Germán Vargas Lleras, entonces senador y ahora vicepresidente, sobrevivió a un ataque con coche bomba mientras salía de una estación radial.
Hubo 187 secuestros en Colombia en 2016, según la policía, 95 % menos que en 2000. Las FARC renunciaron a secuestros extorsivos en 2012 y actualmente están en el proceso de concentrarse en zonas supervisadas por la ONU, en las que entregarán sus armas.
Un grupo disidente de comandantes de rango intermedio de las FARC en el sur de Colombia se rehúsa a unirse al proceso, lo cual significa que quizá pasen años antes de que Colombia pueda gozar a pleno su dividendo de la paz.
