CARACAS. — El alcalde de un municipio de Caracas consideró un “logro” la liberación de cuatro opositores tras el inicio del diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro pero advirtió que esto no satisface las demandas de la oposición, que el martes reanudará el debate en la Asamblea Nacional sobre el juicio político al presidente por supuesta ruptura del orden constitucional.

Como un primer gesto para continuar las conversaciones auspiciadas por el Vaticano y expresidentes, el gobierno ordenó la liberación de al menos cuatro de los más de un centenar de detenidos, considerados “presos políticos”.

Entre ellos se encuentra el dirigente del partido opositor Avanzada Progresista, Carlos Melo, quien pese a ser favorecido en septiembre por una medida de libertad condicional permanecía bajo arresto. Melo había sido acusado de la supuesta posesión de materiales explosivos.

“Las primeras liberaciones son un logro, pero no estamos ni remotamente satisfechos”, dijo el martes Carlos Ocariz, alcalde del municipio capitalino de Sucre.

En declaraciones a la Radio Blu de Colombia Melo indicó que su liberación “en principio significa que se hace justicia con algunos presos.

Todavía quedan muchos más que estábamos allí sin explicaciones claras para nuestra detención”. Agregó que cree las liberaciones son producto de la presión local e internacional.

“De alguna manera (el gobierno) torció el brazo”, dijo. Otros de los liberados, incluidos algunos que nunca fueron presentados ante un juez, han declinado hacer declaraciones hasta que sus abogados confirmen las condiciones de excarcelación, indicó Ocariz a la prensa.

Los parlamentarios opositores, que controlan el Congreso por primera vez en 17 años, resolvieron la semana pasada enjuiciar a Maduro después de que un tribunal afín al gobierno bloqueó un proceso de recolección de firmas para activar un referendo para separar del cargo al gobernante.

Jesús Torrealba, secretario general ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, que agrupa a una treintena de partidos y organizaciones de oposición, dijo a The Associated Press que “el diálogo no es otra cosa que un espacio, un escenario de la lucha, así que la sesión para discutir la posible responsabilidad del presidente al incumplir sus deberes constitucionales va”.

Añadió que “la agenda de calle continúa. Nosotros estamos luchando por recuperar nuestro derecho al voto para salir de esta crisis y lograr un nuevo gobierno, ese es el objetivo”.

Sin embargo, el proceso es meramente simbólico ya que la instancia legislativa carece de facultad para destituir al presidente, de acuerdo con la constitución.

La decisión final recae en el Tribunal Supremo de Justicia, cuyos magistrados nunca han votado contra el mandatario y son señalados de estar bajo el control del oficialismo.

Maduro -que fue citado el martes a la Asamblea para defenderse de las acusaciones- advirtió que ejercerá en los tribunales una acción penal contra los legisladores que insistan en proseguir el juicio político, al que catalogó de “golpe de Estado”.

Los diálogos -mediados por un enviado del Vaticano y los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, de España; Martín Torrijos, de Panamá, y Leonel Fernández, de República Dominicana- están marcados por la desconfianza.

Muchos de los críticos de Maduro temen que las conversaciones sean una táctica dilatoria con el propósito de aliviar las presiones sobre el mandatario, cuya popularidad se encuentra en niveles muy bajos por la galopante inflación y la escasez de alimentos y artículos básicos.

Diversas encuestas indican que 80% de los electores desea que Maduro abandone el poder. El arzobispo Claudio María Celli, enviado del Vaticano, ha pedido a ambas partes que hagan concesiones para darle credibilidad al proceso.

En tanto, el excandidato presidencial Henrique Capriles, uno de los principales promotores del referendo, reafirmó la marcha convocada al palacio presidencial el 3 de noviembre si no se revierte el bloqueo a la consulta popular.