Los vericuetos del Caso Senasa que desnudan un presunto desfalco millonario
- De la caída de Santiago Hazim a los allanamientos en clínicas: un repaso a las tres fases de la Operación Cobra y el presunto desfalco al Seguro Nacional de Salud
Santo Domingo.- El Caso SeNaSa se ha convertido en el expediente de corrupción más extenso investigado por el Ministerio Público, luego de que la Pepca documentara, en tres fases bautizadas como Operación Cobra, un entramado que habría desviado miles de millones de pesos del Seguro Nacional de Salud, señalando como cabecilla al exdirector Santiago Hazim, destituido en agosto de 2025.
El origen: la caída de Santiago Hazim
La primera fase del expediente arrancó en diciembre de 2025, cuando la Pepca arrestó a Hazim junto a otros nueve implicados, acusados de coalición de funcionarios, prevaricación, cobro de sobornos, estafa, desfalco y lavado de activos, imponiéndoseles 18 meses de prisión preventiva, medida que un tribunal ratificó posteriormente y que continúa vigente mientras el Ministerio Público reúne pruebas.
Durante el proceso, tres imputados admitieron ante el juez haber pagado sobornos a funcionarios del SeNaSa, incluyendo al propio Hazim, con entregas que, según la Pepca, superaron los 2,000 millones de pesos, mientras la titular del organismo, Mirna Ortiz, destacó la fortaleza del expediente, cuyo juicio permanece en etapa preparatoria tras la prórroga concedida hasta diciembre de 2026.
Cobra 2.0-A: la solicitud de 18 meses de prisión
La segunda fase, denominada Cobra 2.0-A, se materializó con 37 allanamientos ejecutados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, movilizando a 45 fiscales, 200 agentes policiales y 16 investigadores criminales, con apoyo de la Dirección Nacional de Inteligencia, hasta desembocar en una solicitud de 18 meses de prisión preventiva contra 25 personas señaladas de integrar la red.
La Pepca depositó ante el tribunal una solicitud de medida de coerción de unas 525 páginas, pidiendo que el proceso sea declarado de tramitación compleja por el volumen de información analizada, que incluye millones de transacciones y amplia documentación financiera, mientras el expediente original de la Operación Cobra permanece en etapa preparatoria tras una nueva prórroga concedida al Ministerio Público.
La corrupción llegó hasta el propio Ministerio Público
El expediente reveló que la corrupción alcanzó también al propio equipo investigador, luego de que el fiscal de la Pepca, Aurelio Valdez Alcántara, fuera arrestado el 27 de marzo mediante una entrega controlada, tras exigir y recibir 10,000 dólares de Roberto Canaán Acta, exgerente del SeNaSa y testigo clave del fraude, a quien había interrogado meses antes.
Según la acusación, Valdez Alcántara habría exigido inicialmente 150,000 dólares, un Mercedes-Benz y un Rolex antes de negociar el monto entregado, mientras el Ministerio Público sostiene que el dinero salió de sus arcas y fue fotografiado antes de la entrega, lo que permitió sorprenderlo en flagrante delito, y quien renunció a su cargo, perdiendo la jurisdicción que blindaba su proceso.
SeNaSa 2.0: los allanamientos a médicos y clínicas
La tercera fase, bautizada como SeNaSa 2.0, inició la madrugada del 18 de septiembre con allanamientos simultáneos en centros médicos, clínicas y laboratorios del país, comandados por la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, dejando al menos 29 detenidos, la mayoría médicos, en una etapa que, a diferencia de las anteriores, apunta hacia profesionales que habrían facilitado facturaciones irregulares.
El presidente del Colegio Médico Dominicano, Luis Alberto Peña Núñez, aseguró que el gremio dará seguimiento al proceso, aunque dejó claro que corresponde a la Justicia determinar responsabilidades individuales, mientras diversos medios reportaron cifras dispares sobre los detenidos, ya que unos hablaron de 25 profesionales y otros elevaron la cifra a 29, evidenciando la magnitud de una operación en pleno desarrollo.
Los cargos y el impacto financiero
El expediente atribuye a los procesados cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos, mientras las pesquisas de la Pepca documentan sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros y programas especiales sin sustento jurídico, usados para distraer recursos públicos.
El Ministerio Público sitúa el impacto financiero del entramado en casi 16,000 millones de pesos, cifra que otras fuentes atribuyen directamente a la gestión de Hazim, mientras el procurador adjunto Wilson Camacho insiste en que el daño causado a los afiliados del SeNaSa debe ser resarcido, dejando abierta la posibilidad de una cuarta fase dado el número de personas todavía investigadas.
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